El exsecretario municipal del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes deberá cumplir un año de cárcel por los delitos de prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos por la concesión de licencias ilegales en Playa Blanca después de que el Consejo de Ministros le rechazara la concesión del indulto solicitado el pasado mes de julio.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, tras recibir la comunicación oficial del Ministerio de Justicia, emitía un auto el pasado 25 de enero, por el que se requería a Vicente Bartolomé a su ingreso voluntario en la cárcel a raíz de la condena a un año de prisión por el 'Caso Yate'. El exsecretario desempeñaba ahora labores en el Cabildo de Gran Canaria como técnico de gestión, donde fue contratado en 2017 cuando ya pesaba sobre él una condena de inhabilitación.
En la sentencia de la Audiencia se declaraba probado que el que fuera secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, emitió en marzo de 2003 un informe para la concesión de la licencia del muelle deportivo Marina Rubicón en Playa Blanca "a sabiendas de su manifiesta ilegalidad contribuyendo de manera decisiva en el dictado final del decreto de concesión de licencia por el alcalde (José Francisco Reyes), ya que, el acusado en su informe favorable omitió deliberadamente aspectos esenciales que imposibilitaban la aprobación de la licencia de construcción de obras para la edificación del puerto deportivo por cuanto le constaba que era exigible el informe previo del Cabildo sobre la compatibilidad con el Plan Insular y su Revisión".
Vicente Bartolomé ha sido condenado por el delito de prevaricación urbanística a la pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para empleo cargo público de secretario de corporación por tiempo de cinco años. Por el delito de prevaricación administrativa a la pena de inhabilitación especial para empleo de cargo público por tiempo de seis de seis años y por el delito de malversación de caudales públicos a la pena de seis meses de prisión.
A pesar de ser la condena inferior a los dos años, la Audiencia ordenaba el ingreso en la prisión al considerar que eran "delitos cometido por funcionarios públicos, en lo que viene denominándose corrupción política".
