Dimas Martín: "No me he lucrado con la política, solo asesoraba al PIL"

Sin embargo, para la Fiscalía las cosas son bien distintas, tal y como trató de hacer ver ayer ante la sala de sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Considera la Fiscalía que Dimas, a pesar de estar cumpliendo una pena que incluía la inhabilitación para el ejercicio de cargo o función pública, tomó decisiones durante los años 2007-2009 sobre asuntos de índole administrativo de Arrecife que deberían ser competencia exclusiva de los concejales y funcionarios públicos.

El expresidente del Cabildo mantuvo en todo momento que su trabajo como asesor benefició los intereses del Ayuntamiento de Arrecife. Y es que Dimas estaba informado prácticamente al minuto de todas las gestiones realizadas por los concejales del PIL en el consistorio durante el pacto suscrito con el PSOE en el mandato del socialista, Enrique Pérez Parrilla.

Según las conversaciones telefónicas que se pudieron escuchar ayer durante el juicio -los pinchazos ordenados por la Guardia Civil a partir de mayo de 2008 cuando comenzó el caso Unión- Dimas mientras estaba en el tercer grado o gozaba de permisos penitenciarios fijaba reuniones con los ediles del PIL, al mismo tiempo que concertaba citas en Madrid o en Las Palmas de Gran Canaria en esa labor de asesoramiento que incluía también al resto de cargos orgánicos de su partido en otras instituciones de Lanzarote.

Además, cuando estaba en prisión mantenía una importante correspondencia con el concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez -fallecido durante el proceso y que confesó que cobró comisiones-, que a su vez era el coordinador de los insularistas en la capital. Dimas incluso llegó a ofrecer al que por entonces director de la cárcel de Tahíche en el momento en el que iba a dejar el cargo un puesto como coordinador de la policía local de Arrecife, un área en manos del PIL.

No obstante, el líder de los insularistas negó que conociera a los empresarios que han reconocido que pagaron comisiones por sus obras en Arrecife. "Nunca me he lucrado con la política", insistió Dimas que negó que en su casa hubiese entrado dinero fruto de los sobornos. "En los registros a sus vivienda no se encontró dinero de actividades ilegales", añadió su abogado, Gerardo Ruiz Pasquau, para reforzar la tesis de la inocencia de su defendido.

"¿Usted controló los procesos de contratación y adjudicación en el Ayuntamiento", le formuló el fiscal Javier Ródenas. "Mi misión era la de asesorar, decir que se puede controlar un proceso de licitación pública es una aventura. No, rotundamente no lo controlaba", afirmó. Y es que a pesar de que los concejales le pasaron los pliegos del borrador del Plan General de Arrecife, de la contratación del servicio de recogida de basuras e o del Plan de Barrios, Dimas insiste en que eran documentos públicos que podían estar en manos de muchos ciudadanos.

El que fuera presidente del Cabildo, senador y alcalde de Teguise dijo que quizás de sus palabras recogidas en los pinchazos pudiera entenderse que diera órdenes a los concejales, como cuando pidió que no se pagara una determinada deuda a la empresa Fomento. "Puedo admitir que mi lenguaje por deformación de los cargos que he ostentado pudiera dar la impresión que doy órdenes", respondió pero insistiendo en que todo eran recomendaciones.

"No pagues ni un duro". Los vamos a llevar a juicio por todas las deficiencias en el pabellón y lo que han cobrado de más", le conminó a Rodríguez en referencia a las obras del pabellón de Argana, en Arrecife, realizadas por Fomento y cuya adjudicación se juzga en otra de las piezas del caso Unión.

Esta orden, a su juicio, se enmarcaba dentro de las negociaciones que mantenía de forma paralela con la empresa Fomento y Construcciones sobre el litigio con la empresa pública del agua Inalsa -que también estaba controlada por el PIL- por la construcción de una nave para la desaladora de Janubio. El objetivo de Dimas era retrasar el pago de una factura en Arrecife para cerrar el pacto con Fomento en Inalsa. Eso sí, Dimas insistió en que era en beneficio del Ayuntamiento -que también forma parte de Inalsa- "y no mío".

El Ministerio Fiscal imputa en este procedimiento a Dimas Marín delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, información privilegiada y falsedad en documento público, por los que pide una condena de 17 años de cárcel, multa de 409.000 euros e inhabilitación de 24 años para ejercer cargos públicos.

También se refirió a su negativa a que se pagara la deuda del empresario José Antonio Castellano, uno de los denunciantes de este caso y padre del actual consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano (CC). Así, explicó al tribunal que recomendó "no pagar la deuda porque me parecía escandaloso que por limpiar una nave se cobrara 4.000 euros al mes. El señor Castellano quería cobrar una deuda de 269.000 euros en obras que reclamaba desde 2006 y que de hecho siguió reclamando hasta 2011 al Ayuntamiento". De esta manera, Dimas quiso desvincular la deuda de los 269.000 euros con el millón que se le debía a Castellano y que fue la cantidad por la que se le exigió una comisión de 95.000 euros para poder cobrarla. A raíz de ello, Castellano presentaba ante la Guardia Civil una denuncia por soborno contra los concejales del PIL y que dio lugar a la detención de un intermediario con una bolsa de plástico con esa comisión en una cafetería de Arrecife. Estallaba así el caso Unión.

Dimas trató de culpar al que fuera presidente del PIL durante esos dos años que se investigan, Antonio Hernández, y que fue también durante un periodo de ese mandato teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento. "Extrañamente no lo ha traido aquí. Usted me ha sustituido a mí por Antonio Hernández", le recriminó al fiscal y que obligó al presidente del tribunal, Emilio Moya, a llamarle al orden.

Dimas fue más allá al afirmar que en la sentencia que lo condenaba por malversación de caudales públicos no había "ni un solo párrafo" que le impidiese desarrollar su labor de asesoramiento a los cargos públicos del PIL. De hecho, aseguró que los presupuestos generales del Estado se negociaron en la cárcel, en relación a las conversaciones entre el PSOE con los líderes independentistas.

De igual forma, intentó minimizar su labor como asesor asegurando que era el alcalde, el socialista Enrique Pérez Parrilla, el interventor Carlos Sáenz -que ha reconocido durante el juicio que pagaba las facturas del PIL sin fiscalizarlas-, los concejales y los técnicos municipales los que debían velar por el cumplimiento de la legalidad en los pagos. Asimismo, dijo que muchos de los asuntos relacionados con las instituciones gobernadas por el pacto PSOE-PIL los trataba con el consejero socialista Carlos Espino, que fue precisamente el primer denunciante del caso Unión por un presunto soborno de un promotor turístico en Playa Blanca, municipio de Yaiza.

Si reconoció que pidió que se le "echara una mano" al empresario Samuel Lemes -acusado en esta causa- por su relación de amistad. "Prácticamente le vi nacer y crecer", dijo. Lemes durante el juicio también ha negado que pagara comisiones afirmando que era su padre el administrador.