Los cinco acusados en la pieza del caso Montecarlo, relacionada con el Ayuntamiento de San Bartolomé, han reconocido hoy los hechos y se han comprometido a devolver el dinero que cada uno de ellos ha ayudado a malversar de los fondos municipales, en su conjunto unos 467.000 euros entre los años 2002 y 2008 que se abonaron a las empresas Progestril y Recingest en facturas por servicios no realizados de asesoramiento fiscal y tributario y recaudación de impuestos y tasas municipales.
El magistrado presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, ha dejado el juicio visto para sentencia después de que los cinco investigados admitieran el expolio de fondos del consistorio de San Bartolomé y aceptaran la nueva petición de penas por parte de la Fiscalía tras aplicarles a cada uno el atenuante de colaboración con la justicia. La abogada del Ayuntamiento de San Bartolomé, institución personada como acusación particular, no se opuso a las conclusiones de la fiscal y mantuvo intacta la petición de responsabilidad civil para que los procesados devuelvan al consistorio el dinero malversado.
Así, de la petición inicial por parte de la Fiscalía para el exinterventor de San Bartolomé, Carlos Sáenz, de una pena de doce años de prisión por los delitos continuados de prevaricación, falsedad en documento público, cohecho y malversación e inhabilitación durante 22 años, finalmente, el acusado se ha conformado con un total de 3 años de prisión y cuatro años y 16 días de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público. Además, deberá abonar 65.000 euros en concepto de multa y 74.420 euros que cobró de forma indebida en retribuciones mientras ejerció su cargo.
El empresario José Vicente Montesinos, ligado a las sociedades Progestril y Recingest, a través de las que cobró 392.707 euros por trabajos no realizados, de los once años y once meses de cárcel de la petición inicial, finalmente su condena será de dos años de cárcel, un año y seis meses de inhabilitación para cargo o empleo público y 65.000 euros de multa.
Por otro lado, el exalcalde de San Bartolomé de CC Miguel Martín, retirado de la política desde hace tiempo, de los cinco años y nueve meses de prisión y los diez de inhabilitación absoluta, ha aceptado la propuesta de la Fiscalía de un año de prisión y un año y seis meses de inhabilitación. La misma condena es para el exconcejal de Hacienda del PP Javier Betancort, también alejado de la política desde hace años, y el extesorero del Ayuntamiento de San Bartolomé Luis Manuel Rodríguez. Todos han sido condenados por los delitos de malversación y prevaricación en diversos grados, como autores, inductores o cooperadores necesarios. La Fiscalía deberá decidir si pide o no el ingreso en prisión de cada uno de ellos al tratarse de penas inferiores a los dos años de cárcel.
En esta misma causa también estuvo investigado el exconcejal de Hacienda de San Bartolomé del PP Cándido Reguera, pero falleció en 2015.
El juicio de la pieza de San Bartolomé se iba a celebrar en dos sesiones en el Palacio de Justicia de Arrecife, este martes y miércoles, y en una tercera este jueves en la Ciudad de la Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria.
Sáenz y Montesinos ya fueron condenados por la Audiencia Provincial en diciembre del pasado año en la primera pieza separada de Montecarlo como en San Bartolomé. Sáenz fue condenado a un año y seis meses de cárcel tras confesar los hechos por malversación y prevaricación y a devolver 442.489 euros al Ayuntamiento de La Oliva de forma conjunta y solidaria junto a Montesinos, condenado a cinco años de cárcel y nueve de inhabilitación por malversación.
Sáenz cumple condena de cárcel de cuatro años, seis meses y un día por la pieza de Proselan del caso Unión por el pago de facturas, mientras era interventor del Ayuntamiento de Arrecife, relacionadas con trabajos de electricidad que no se llevaron a cabo.
Aún quedan por juzgar tres piezas de Montecarlo relacionadas con el Ayuntamiento de Arrecife, donde Sáenz, Montesinos y Betancort coinciden en una de ellas.
