El titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Arrecife, el magistrado juez Ricardo Fiestras, decretó en un auto con fecha del pasado 10 marzo la apertura de juicio oral contra los once acusados de la pieza del caso Montecarlo en la que se investigan supuestas irregularidades en la contratación y pagos por eventos a la empresa Tunera Producciones autorizados por técnicos y exconcejales del Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2009 y 2012. Se trata de uno de los tres procedimientos de Montecarlo en la capital junto a los relacionados con las empresas Inelcon y Gestecal, que tampoco han sido juzgados.

Del total de once investigados que se sentarán en el banquillo, el juez ha solicitado fianza para ocho de ellos, que suman un total de 1.319.151,51 euros. Se trata del exinterventor de Arrecife, Carlos Sáenz (521.825,4 euros); el empresario Eduardo Ferrer (521.825,4 euros, siendo responsable civil subsidiaria la mercantil Tunera Producciones); el exalcalde del PSOE José Montelongo, quien era concejal de Hacienda en el momento de los hechos y dimitió en 2016 tras el escrito de acusación de la Fiscalía (36.346,32 euros); los técnicos Miguel Ángel Leal (104.617,25euros), José Nieves ( 36.346,32 euros) y Blas Cedrés (20.615 euros). El juez solicita también que depositen fianza los exconcejales Lorenzo Lemaur (PP) en la cuantía de 41.229,50 euros y Eduardo Lasso (PIL) con 36.346,32 euros.

Delitos

Las otras tres personas que figuran como acusadas en la causa son los exediles Isabel Martinón (PNL) y Víctor Sanginés (PSOE) y el técnico Francisco Hernández.

Los delitos que se juzgarán serán, entre otros, los de prevaricación administrativa, fraude en la administración, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil.

Los acusados tienen veinte días para presentar sus escritos de defensa. En su conjunto, el fiscal pide penas que superan los 30 años de prisión.