El Juzgado de Instrucción Nº3 de Santa Cruz de Tenerife admitió a trámite el pasado viernes la querella de la sargento del Seprona en Lanzarote, Gloria Moreno, contra dos de sus antiguos superiores -el coronel Ricardo Arranz y el general Juan Sánchez Medina- por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Los hechos, recuerda la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) se remontan a 2017 cuando Moreno fue sancionada tras preguntar por el estado de las capturas de los gatos silvestres en la isla de La Graciosa. Según los acusados, la sargento procedió de “modo desconsiderado” ante el director del Consejo Insular Isla de la Graciosa al preguntar sobre los gatos cimarrones, “insistir dos veces” en conocer qué había pasado con estos gatos y haber “sembrado la sospecha” sobre las actuaciones del responsable de este espacio protegido.
La Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas ha declinado pronunciarse al respecto al estar el asunto judicializado.
Ese expediente fue el primero de los siete que la Guardia Civil abrió a la sargento Moreno relacionado con sus funciones en Lanzarote. El Tribunal Militar Territorial Quinto impugnó en julio del pasado año la sanción leve impuesta a Moreno por el expediente de los gatos de La Graciosa, al entender que no hubo trato desconsiderado, el tono fue correcto y que no hubo amenaza de investigación. La sentencia recoge que la sancionada se limitó a decir “tengo que ir a mirarlo” y desmiente que la sargento insistiera dos veces en la misma pregunta, señala IGC. “El Tribunal estima que no hubo ninguna pregunta irrespetuosa, al contrario, tenía un interés público al ser sobre unos gatos silvestres y que no usó ninguna expresión incorrecta”, explica Alejandro Montero, abogado que formula la querella y defensor de Moreno en varios expedientes de sanción.
“Si no había lugar para sancionar a alguien, ¿por qué se le sanciona?”, se pregunta Fernando García, responsable jurídico en el momento de los hechos de la asociación profesional IGC, a la que pertenece Moreno.
“Si me sancionan indebidamente, lo demuestro y considero que prevalece su mero voluntarismo sobre la ley, tendrá que tener una responsabilidad”, comenta Montero, quien no descarta presentar nuevas querellas en alguno de los otros seis expedientes por parte de Arranz y el general Sánchez a Moreno en poco más de dos años. “Tendremos que analizarlos uno a uno, pero sí que vemos delito en un caso concreto donde creemos que hay omisión de persecución de delitos”.
El letrado de Moreno se refirió a los hechos que derivaron en el segundo, tercero y sexto expediente contra la agente. Cuando Moreno se incorporó al servicio tras un tiempo de baja, recibió la llamada de la protectora de animales Huella a Huella preguntando por varias denuncias que habían puesto por maltrato hacia varios perros. El abogado señaló que “se descubrió que las denuncias no estaban registradas”. Añadió que “se investigó y el primer resultado de estas acciones fue la imposición de un expediente por falta grave contra Moreno por haber incentivado a una ciudadana a poner una queja y un tercero un mes después (falta grave en esta ocasión) por tramitar denuncias de maltrato presentadas por las protectoras. Se dejó de incoar un atestado cuando era conocedor de cuatro delitos de maltrato animal”, denunció Montero, quien se muestra partidario de perseguir acciones que pueden constituir delito.
Otros expedientes
“La sociedad en general se ha hecho eco de lo que ya parece una caza de brujas sobre la sargento Gloria Moreno. Ella planteó una respetuosa pregunta y, como dice la sentencia, no cabía la sanción y lo hicieron”, apunta García, de IGC, en referencia al primer expediente. IGC califica de relevante la admisión a trámite de la querella contra Arranz y Sánchez Medina, por el alto grado de los mandos demandados. “La Justicia suele ser muy cautelosa al procesar a altos cargos, pero no nos pilla de sorpresa porque era un secreto a voces y había mucha alarma social”, manifiesta.
“No puede que esto acabe sin responsabilidad”, explica, comparando las otras sanciones de la sargento con casos flagrantes de omisión o dejación de funciones, con el alto coste económico y anímico que ha tenido para la sargento, según García. “Tiene que tener responsabilidad para quien posiblemente amparando por su situación de poder haya podido irrogar un perjuicio de tal gravedad”.
Mientras, se espera la resolución de otros expedientes, puntualiza IGC. El cuarto (falta grave) por solicitar copia de las declaraciones prestadas por testigos en otros expedientes por maltrato animal; el quinto (muy grave) por investigar las denuncias por irregularidades en la perrera de Arrecife y quejarse el veterinario de la sargento; el sexto (grave) reabierto y cerrado por la misma causa que el tercero y el séptimo (muy grave) por supuesto acoso a tres agentes subordinados que después fueron sancionados por no tramitar las cuatro denuncias de delitos de maltrato animal (pendiente de confirmación). De todos ellos, el cuarto está recurrido en el Tribunal Militar, mientras que el segundo, tercero y sexto han sido ganados por la sargento, el quinto archivado por caducidad y el séptimo sigue en instrucción.
A esta situación se le une la petición de cuatro años de cárcel y su inhabilitación especial para continuar en el Seprona por parte de la Fiscalía de Arrecife, que la investiga por un delito de falsedad documental por unos hechos ocurridos en 2015. Pocos meses después de que Moreno fuera destinada a Lanzarote en 2014, rememora IGC, “ella lideró una de las operaciones más importantes contra el furtivismo en las islas. Realizó una intervención junto al Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Fuerteventura que acabó con 19 hombres denunciados. Las repercusiones fueron grandes puesto que la pardela es un ave con una alta protección en las islas y porque los detenidos son personas poderosas como empresarios, constructores y hasta un policía nacional. Hace apenas un mes llegó la sentencia considerada histórica en las Islas: pena máxima para 10 de los detenidos por un delito contra la fauna, multa máxima de 24 meses de sanción, a la que aplica una cuota diaria de 12 euros, lo que hace que cada uno de los condenados tenga que pagar 8.640 euros”.
