Los tres acusados de malversar 582.813,07 euros entre los años 2004 y 2007 en el Ayuntamiento de San Bartolomé por servicios de iluminación y de otro tipo relacionados con electricidad en el municipio que no llegaron a ejecutarse, el entonces interventor municipal, Carlos Sáenz, el exedil de Servicios Públicos, Pedro Reyes (PP), y el empresario de Proyectos y Servicios de Lanzarote S.L. (Promelco), José Daniel Hernández, han reconocido hoy los hechos en esta pieza separada del 'caso Montecarlo' ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, desplazada a Arrecife, que ha dictado sentencia de conformidad con una rebaja de las penas para cada investigado.
Así, Sáenz para el que la Fiscalía pedía seis años de prisión, inhabilitación absoluta durante diez años y abono de las costas por los delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude y malversación de caudales públicos, ha aceptado una condena de dos años de prisión y cinco de inhabilitación absoluta. La mismas penas solicitó la fiscal para el exedil Reyes, en la actualidad sin cargo público, quien tras reconocer los hechos aceptó una condena de dos años de cárcel e inhabilitación para el cargo de concejal durante cuatro años.
En el caso del empresario José Daniel Hernández, para el que la Fiscalía pidió cinco años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta durante nueve años y abonos de las costas por los delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, fraude y malversación de caudales públicos, se ha conformado con dos años de cárcel e inhabilitación absoluta durante cinco años. Además, tanto Hernández como Sáenz deberán indemnizar al Ayuntamiento de San Bartolomé con 81.219,05 euros.
La Fiscalía sostiene que los tres acusados se pusieron de acuerdo e "idearon un plan para "la arbitraria expoliación de fondos del Ayuntamiento de San Bartolomé, con el fin de que el empresario lograra un enriquecimiento patrimonial ilícito". De los 36 expedientes que se tramitaron, la fiscal sostiene que, "al menos, en 13 de ellos no se hicieron las obras ni los servicios contratados. Considera acreditado que como mínimo 155.061 euros se abonaron sin que el consistorio tuviera constancia de que los trabajos contratados se llevaron a cabo.
La Fiscalía ha mostrado su conformidad con que el expolítico, al no tener antecedentes penales, eluda la cárcel al tratarse de una pena que no supera los dos años. Sin embargo, rechaza que se libren de la prisión Sáenz y Hernández puesto que cuentan con penas anteriores por delitos parecidos. La fiscal no tuvo en cuenta el alegato de las defensas de Sáenz y Hernández en el sentido de que cuando cometieron los hechos carecían de antecedentes penales y que las otras condenas que pesan sobre ambos fueron posteriores, además de la intencion de los dos de hacer frente a la indemnización al consistorio de San Bartolomé.
El letrado que representa al Ayuntamiento de San Bartolomé no se opuso a que se suspendiera la pena de ninguno de los tres procesados.
Sáenz fue condenado en firme por el Tribunal Supremo en enero de 2017 a cuatro años, seis meses y un día de cárcel, junto al exjefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y al empresario José Daniel Hernández por un desfalco de 250.000 euros en facturas falsas en elAyuntamiento de Arrecife, del que también fue interventor Sáenz, hechos pertenecientes al 'caso Unión'.
Por otro lado, Sáenz sumó a finales del pasado año otra condena por malversación y prevaricación en el 'caso Montecarlo' en la pieza separada del Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura), de la que fue interventor. Fue condenado a un año y seis meses de cárcel, frente a los seis años que pedía la Fiscalía, que rebajó su solicitud tras reconocer Saénz lo denunciado. Fue condenado también a pagar 442.489 euros a La Oliva para devolver el dinero malversado.
