El Juzgado número 3 de Arrecife ha archivado el caso de la compra de material y obras para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT) en el que se acusaba al exresponsable del área en el Cabildo Carlos Espino (PSOE) de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.
Esta causa penal se puso en marcha en 2010, cuando la entonces consejera del Cabildo de Lanzarote al cargo de los CACT y presidenta insular del PP, Astrid Pérez, decidió llegar a los tribunales la gestión de su antecesor en el cargo, Carlos Espino, en aquel momento era el secretario general del PSOE en la isla. De igual forma, el que era presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, presentaba también una denuncia por esta misma causa ante la Guardia Civil.
En abril del año pasado, el juez que entonces estaba al frente de la investigación, Rafael Lis, determinó que existían "poderosos elementos indiciarios" que apuntaban a que Espino y el resto de querellados en la causa podían haber cometido delitos de prevaricación, falsedad o malversación de fondos públicos. Por ello, exigió a Espino una fianza de 1,5 millones para cubrir sus posibles responsabilidades civiles.
Año y medio después, el Juzgado de Instrucción número 3 de Lanzarote no aprecia indicio alguno de delito en los causa que heredó del magistrado Rafael Lis, cuya tramitación critica abiertamente en varios pasajes del auto de archivo.
El instructor José Luis Ruiz Martínez califica de "insólito y soprendente el desfase" que se ha producido en la tramitación de esta causa penal, tilda de "esperpéntico y fuera de lo usual" el trato dado a alguno de los imputados en este tiempo y reprocha a los querellantes haber pretendido llevar adelante una suerte de "inquisición general", basada en afirmaciones "peregrinas". El magistrado critica "la injustificada ralentización" que ha sufrido este procedimiento penal y la "indolencia" que observa en "la resolución de los numerosos recursos de reforma".
