La esposa del arquitecto de la bodega afirma que solo quería una casa familiar

La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que Del Río desconocía que estaba siendo utilizada para figurar como promotora de las instalaciones en lugar del empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa, propietario de la bodega, a la hora de solicitar el citado permiso ante la Dirección General de Urbanismo al tratarse de una actuación en suelo rústico. La Fiscalía describe la intervención como "un macrocomplejo de instalaciones de naturaleza industrial y turística en el paraje conocido como Barranco del Obispo", una zona protegida, y "el peor atentado medioambiental contra la isla de los volcanes desde que esta fue declarada en su integridad Reserva de la Biosfera por la Unesco el 7 de octubre de 1993".

Del Río, pese a que no estaba obligada a declarar al ser su marido uno de los investigados en la causa, afirmó ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en la reanudación en Arrecife de la vista oral del caso Stratvs, que la idea de comprar la casa fue suya, la cual estaba "en ruina". La finalidad era tener "una finca rústica familiar porque allí nos reuníamos con frecuencia la familia desde el año 1975 o 1976". Añadió que "de papeleo no sé ni entiendo y no me interesa. Me negué al papeleo y lo dejé en manos de mi marido".

"No fiscalizo a mi marido"

Parte de la vivienda, cuyas dimensiones según la Fiscalía se incrementaron en un 46% al pasar de los 160 metros de superficie real a los 243 metros cuadrados tras las obras de la bodega, era propiedad de "unos treinta" familiares del esposo de Del Río a los que el arquitecto adquirió sus distintas participaciones en el inmueble. Su mujer también negó que solicitara licencia ante el Ayuntamiento de Yaiza. "Delegué en mi marido y en el Grupo Rosa para que ellos hicieron todos los trámites de la restauración. Yo nunca fiscalizo los trámites de mi marido", precisó.

Preguntada por qué aparece su nombre en un contrato privado de compraventa de una parte de los terrenos que se envió al Gobierno de Canarias para solicitar permiso para las obras, Del Río contestó que "eso es un borrador en el que no está mi firma".

Por otro lado, afirmó que "por supuesto que tenía una relación de confianza tanto por parte de mi marido como en el señor Rosa. Éramos amigos en esa época". La Fiscalía pide para el arquitecto 10 años de cárcel y 4 años de inhabilitación para ejercer su profesión y en el caso del empresario, hasta 15 años de cárcel y 6 años de inhabilitación para ejercer como promotor.

Del Río insistió en que la casa "era ruinosa y no estaba en condiciones de entrar en ella, porque era peligroso. Estaba llena de basura, jeringuillas y bichos muertos". Por eso, cuando acudían allí a pasar el día lo hacían debajo de los dos árboles, "en el campo".

En 2005 el arquitecto decidió no continuar adelante con el proyecto porque, "en principio, lo que se suponía iba a hacer una casa de uso y disfrute familiar fue derivando en algo muy complejo y muy lujoso y ví que a mí ese aspecto en plan negocio ya no me interesaba y nosotros no podíamos asumir ese presupuesto económico tan grande", aseveró Del Río, cuyas declaraciones coincidieron con las de su marido. Admitió que "bien es verdad que hubo un momento en el que estuvimos viendo en que el Grupo Rosa hiciera la bodega y nosotros nos quedáramos con la casa, pero luego las cosas no derivaron así". La vivienda para la que se tramitó un permiso de rehabilitación acabó convirtiéndose en una tienda para la venta de vinos de la bodega y otros productos de alimentación.

En relación a sí había una fuente en el lugar en el que se construyó la bodega, Del Río aseveró que "no sé si la había. Yo nunca la ví. Reconoció que había un barranco pero que nunca lo había visto con agua y que ese cauce "ya no está".

El ingeniero técnico industrial Óscar Galván fue otro de los testigos del juicio. Realizó el proyecto del restaurante para legalizarlo y obtener la licencia de apertura después de que el Ayuntamiento de Yaiza decretara su cierre en 2013 al carecer de la misma. "Si hubiese habido un proyecto anterior del restaurante no hubiese hecho falta el mío. No es correcto hacerlo después de que la obra esté hecha, pero es habitual ese tipo de trabajo", apuntó. No recuerda si lo hizo "antes o después del informe técnico de la red de saneamiento".

El ingeniero, que admitió que se trataba de una bodega industrial (la ley solo permite las artesanales en La Geria) redactó a su vez el proyecto de las instalaciones de gas para alimentar unas calderas para calentar agua y también se ocupó del informe de evacuación de aguas residuales.

Los denunciantes del caso Stratvs, Luis Guirao, Ginés Díaz, Mario Alberto Perdomo y Ezequiel Navío, declararon como testigos. Los dos primeros continúan como miembros de la Asociación Transparencia Urbanística, colectivo constituido en 2010, que ejerce la acusación popular en esta causa. Ante las preguntas de la abogada del Gobierno de Canarias relativas a por qué prefirieron denunciar en 2009 por la vía penal las obras de la bodega al acudir a la Policía Nacional en vez de hacerlo por la administrativa, respondieron que lo hicieron debido a la ineficacia de los mecanismos de control de la Administración en este tipo de casos y porque la penal les genera confianza.

Guirao, marido de la abogada de Transparencia Urbanística y letrada de la asociación en este proceso, Irma Ferrer, se refirió a la capacidad de Rosa -fue absuelto del delito de tráfico de influencias en la primera pieza de Stratvs en 2018- para influir en las administraciones públicas y recordó que el entonces consejero regional de Política Territorial, Domingo Berriel, acudió como invitado a la boda de una hija del empresario en la que en declaraciones públicas defendió la bodega.