El control de los patinetes eléctricos en Lanzarote se mueve entre la regulación y el vacío legal, ya que no todos los municipios de la Isla cuentan con ordenanzas ni decretos que regulen ese tipo de movilidad personal en las vías públicas ni tampoco la actividad de los negocios que alquilan esos vehículos motorizados.
"Somos los primeros interesados en que esta actividad se regule", aseguró ayer Gerard Sellarés, responsable de la empresa alemana Wind para el sur de Europa, que cuenta desde hace un año con 200 patinetes eléctricos en Lanzarote repartidos entre Costa Teguise, Arrecife, Playa Honda (San Bartolomé) y Puerto del Carmen (Tías), además de un centenar en depósito de repuesto para sustituir los que se estropeen.
Algunos de estos VMP aparecen tirados en aceras y avenidas obstaculizando el paso de los peatones, situación que causa el malestar de los ciudadanos. En otros casos hay usuarios (no solo clientes de Wind) que circulan con ellos a una velocidad excesiva por zonas peatonales, a pesar de que no pueden ir a más de diez kilómetros por hora.
El Ayuntamiento de Teguise, que aprobó el pasado mes de diciembre la Ordenanza Reguladora de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) para regular su uso en las vías urbanas del municipio, informó esta semana de la incautación de 50 patinetes eléctricos de Wind que operaban de forma irregular en Costa Teguise al incumplir la normativa relativa a Seguridad y Convivencia Ciudadana, en vigor desde octubre de 2016.
Integración en el tráfico urbano
En el artículo 30.1 apartado L de la ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana se detalla que se considera una infracción grave "toda actividad no autorizada expresamente en los espacios y vías públicas y que implique una estanciao uso abusivo, insistente o agresivo de estas zonas o que en general representen acciones de presión o insistencia hacia los ciudadanos, o perturben la libertad de circulación de estos u obstruyan o limiten el tráfico rodado de vehículos o la realización de cualquier ofrecimiento o requerimiento directo o indirecto de cualquier bien o servicio cuando no cuente con las autorizaciones preceptivas", tal y como entiende Teguise sobre el servicio que ofrece Wind.
La infracción propuesta para Wind, señalaron fuentes del consistorio, es de 1.500 euros, cantidad que puede reducirse a la mitad por pronto pago.
Sobre la incautación de los patinetes de Wind por parte de Teguise, Sellarés indicó que no tiene "muchos detalles" sobre la misma "sino los publicados en medios de comunicación" y añadió que "las retiradas, normalmente, son puntuales y se debe a una serie de factores que son muy específicos de cada caso".
Añadió que "estamos en colaboración constante con las administraciones y seguimos lo que nos dicen, pero nuestro principal problema cuando intentamos regularnos a través de una declaración responsable o el pago de tasas de ocupación de la vía pública, es que no hay sitio ni nunca recibimos respuestas de los ayuntamientos acerca de dónde englobamos nuestra actividad. Queremos regularnos, pero no existe un epígrafe para este tipo de vehículo de movilidad personal o de alquiler por minutos de los mismos, por lo que operamos a través de acuerdos con los ayuntamientos, la Policía Municipal o proyectos pilotos, que es lo que hacemos en Canarias".
El concejal de Movilidad, Eugenio Robayna, explicó que el objetivo de la Ordenanza Reguladora de Vehículos de Movilidad Personal es "favorecer su integración en el ámbito del tráfico urbano, ya que son una realidad en nuestras calles y además se han ido extendiendo de forma considerable".
El responsable de Wind admitió que "estamos en un sector que no está regulado porque es muy nuevo", aunque precisó que la mayoría de ayuntamientos tiene iniciativas para favorecer la movilidad sostenible y además la Dirección General de Tráfico (DGT), publicó el pasado año una instrucción transitoria en la que establece una serie de criterios clarificadores dirigidos a los usuarios de estos vehículos, ayuntamientos y agentes de la autoridad, hasta que se publique la normativa correspondiente que va en la misma línea de lo que se está debatiendo en la Unión Europea. A raíz de esas indicaciones de la DGT, dijo Sellarés, "ciudades como Madrid, Barcelona, Tarragona, Sevilla y Málaga han empezado a recibir con buenas manos a este tipo de empresas". Sin embargo, continuó el directivo de Wind, "en Canarias no hay normativas sobre estos patinetes pero, por otro lado no hay ningún ayuntamiento que esté en contra de este modelo de movilidad".
El concejal de Tráfico en San Bartolomé, Raúl de León, aseveró la pasada jornada que el consistorio ha impuesto catorce multas a Wind, de un importe de 300 euros cada una, "por obstaculizar la vía pública". San Bartolomé aprobó en 2019 el decreto que prohíbe a los VMP circular por espacios destinados a los peatones como la avenida de Playa Honda, aceras y parques.
Arrecife que en febrero del pasado año retiró patinetes de Wind, carece de normativa al respecto, al igual que Tías. El concejal de Policía Local de Tías, Mame Fernández, apuntó que "hemos retirado algunos en Puerto del Carmen como un efecto de llamada de atención". Yaiza también carece de ordenación.
