Los técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias mostraron ayer durante la nueva vista oral del 'Caso Stratvs' en la Audiencia Provincial sus discrepancias a la hora de determinar si la construcción de esta bodega en La Geria cumplió o no con la normativa urbanística. El juicio que examina las múltiples irregularidades que el Ministerio Fiscal aprecia en la construcción de este complejo bodeguero, por las que pide 15 años de cárcel para su dueño, el empresario Juan Francisco Rosa, e imputa a otras nueve personas, entre ellas antiguos cargos intermedios del Gobierno canario, prosiguió ayer con el testimonio del denunciante Francisco Javier Díaz Reixa y extrabajadores de la Apmun del Ejecutivo regional.

En la sesión de ayer, la exjefe de servicio de Instrucción de la Apmun entre 2002 y 2014, Sonia Gómez, aseguró que la técnico Elisa Perdomo, a la que ella encomendó redactar los informes periciales solicitados por la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción 5 de Arrecife sobre este complejo bodeguero, y que han dado lugar a esta causa, "recibió presiones desde la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario" desde que en la Agencia comenzó a conocerse que en ellos se nombraba a algunos responsables del departamento del Ejecutivo regional, como Muñoz, García Márquez y Villavicencio.

Tal fue así comentó, que, tras comunicar al por entonces director ejecutivo de la Apmun, Emiliano Coello, estos intentos de "injerencias" en el trabajo que desarrollaba Perdomo, cuyos borradores eran públicos para el personal de la Agencia, el expediente obtuvo un carácter reservado, de forma que dejó de ser accesible en el aplicativo informático interno.

Es más, Sonia Gómez ha afirmado que, dadas las discrepancias internas que suscitó en la Apmun el análisis técnico que se había encomendado a Perdomo, se convocó, en dos sesiones, a la comisión de asuntos jurídicos para examinar esa pericial judicial, algo que no se había hecho nunca antes.

Tras esas dos reuniones, tanto el director de la Apmun, Emiliano Coello, como la por entonces jefa de servicio de órganos colegiados y apoyo al director de este ente, Carlota Pérez, concluyeron que Elisa Perdomo "tenía que corregir" sus informes, al entender, según ha manifestado este jueves Pérez que estos documentos constituían "denuncias de posibles vulneraciones de la normativa urbanística" que ellos no apreciaban.

Tanto Carlota Pérez como Marta Rodríguez, quienes elaboraron un contrainforme para contradecir a Perdomo y lo enviaron al juzgado para que obrara en la instrucción de este caso, han ratificado ante el juez que, a su criterio, el proceso administrativo por el que fue autorizado el complejo bodeguero de Stratvs cumplió con lo establecido y han subrayado que las solicitudes de este proyecto coincidían con las autorizaciones otorgadas, tanto por el Gobierno canario como por el Ayuntamiento de Yaiza.

Por otro lado, el denunciante del caso Stratvs, que la Fiscalía califica como "el peor atentado ambiental" que ha sufrido Lanzarote desde los noventa, Francisco Javier Díaz Reixa, recalcó ayer ante la Audiencia de Las Palmas que en 2003, cuando comenzó a construirse este complejo bodeguero en La Geria, la ley prohibía "expresamente" mover tierra en este paraje natural protegido.

"Tráfico de influencias"

Díaz Reixa, abogado y miembro de la asociación Transparencia Urbanística, manifestó al tribunal que en 2009 denunció estas obras tras examinar el expediente por el que fueron autorizadas por la entonces Consejería de Política Territorial del Gobierno canario, la licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza, el planeamiento de Lanzarote y del municipio del sur de la isla, además del plan especial del paisaje protegido de La Geria.

"No hubo nada de arrebato. No hacemos nada apresurado ni a golpe de impulso", aseveró Díaz Reixa, quien compareció en calidad de testigo y aseguró que su denuncia la hizo "indirectamente, no contra personas en concreto", más allá de Rosa y el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, para el que la Fiscalía pide 10 años de cárcel.

El denunciante del caso Stratvs manifestó que la vivienda que se iba a rehabilitar, según el proyecto autorizado a los promotores de este complejo, "no presentaba problemas", pero sí la ampliación de la que fue objeto, y ha subrayó que el almacén subterráneo de 900 metros ejecutado en "el corazón" de La Geria "estaba expresamente prohibido" por la legislación urbanística vigente.

Preguntado por sus alegaciones al plan especial de La Geria, finalmente anulado, Díaz Reixa destacó el "tráfico de influencias" que, a su entender, ejerció el dueño de Stratvs en la tramitación de este documento de ordenación territorial, ya que con escritos remitidos desde Galerías Rosa logró "un sorprendente cambio de criterio de los técnicos del Gobierno canario" que intervenían en este procedimiento.

La defensa del exsecretario de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), Armando Villavicencio;el exdirector general de Urbanismo del Gobierno canario, César Muñoz, y el exjefe de servicio de este departamento, Faustino García Márquez, aseguró ayer durante el juicio que el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote permite la construcción de almacenes, una determinación que, según ha puntualizado la fiscal, también afirma que, a la hora de autorizar una construcción de este tipo, "se atenderá a la categoría del suelo" donde se vaya a ejecutar.