Los arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros técnicos de obras públicas han solicitado al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que decrete la suspensión temporal de los trabajos de construcción tanto de iniciativa pública como privada, pese a que esa actividad sí está permitida dentro de la actual situación de estado de alarma decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Ejecutivo es consciente del daño que ya sufre la economía por la paralización de sectores como el turismo, la hostelería o el de las aerolíneas y, por ahora, mantiene la construcción.
El motivo de la petición a Ábalos se debe a que "la situación generada por la rápida transmisión del Covid-19 no hace factible garantizar las condiciones de seguridad y protección de la salud de todos los agentes, trabajadores y personal interviniente en la obra establecidas en los protocolos sanitarios oficiales y demás normativa aplicable, así como de terceros que pueden verse afectados por la continuación de la actividad". Así se refleja en la carta que el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de la Arquitectura Técnica en España y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas ha remitido al ministro esta semana.
No obstante, los profesionales de los citados colectivos son conscientes de la diversidad de obras en marcha y consideran que el desarrollo de las mismas puede ser compatible con la seguridad y la normativa de salud a tener en cuenta como protección frente al coronavirus. Entre esos supuestos entrarían las actuaciones relacionadas con el interés general y de manera especial las que estén vinculadas de forma directa o indirecta con la realización de actividades necesarias derivadas de la crisis sanitaria por el Covid-19.
También se contemplarían las edificaciones que estén en fase última de ejecución y de manera particular las de construcciones de viviendas próximas a su entrega, "siempre que por su naturaleza sea factible garantizar las condiciones de seguridad y salud requeridas", al igual que las intervenciones en interiores o en ubicaciones de mínimo impacto.
Por último, se propone eximir de la paralización "los trabajos cuya continuación sea imprescindible para garantizar la seguridad de la propia obra y/o las operaciones necesarias para su cierre, mientras dure la suspensión temporal por el estado de alarma".
Impacto económico
Arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros técnicos de obras públicas aseguran que seguirán trabajando con el conjunto del sector y cumpliendo los protocolos y condiciones requeridos en cada momento para garantizar la salud, "en el resto de las actividades no relacionadas con la ejecución de las obras con el objetivo de reducir todo lo posible el impacto económico del Covid-19 y estar preparados para recuperar el ritmo en este sector tan estratégico una vez que superemos esta gravísima crisis sanitaria". De ese modo, precisan, "evitaremos retrasos en la reanudación de la actividad y recuperaremos, incluso, parte del tiempo perdido en el marco de un plan de reactivación del sector que será clave para acelerar la recuperación económica de España".
El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote, Miguel Ángel Fontes, aseguró ayer que "somos conscientes de la crisis de la que venimos, pero lo más importante ahora es la salud de todos y solucionar esta crisis sanitaria por el coronavirus". En ese sentido, se mostró partidario de "parar las obras durante un tiempo antes de que este problema se vaya alargando porque es difícil compaginar la salud y el desarrollo de las obras".
El presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Lanzarote, Neftalí Acosta, aseveró: "La construcción acatará lo que el Gobierno estime oportuno. Así, si cree que el sector se debe paralizar, pararemos inmediatamente y, si considera que debemos seguir, continuaremos cumpliendo los protocolos y normativa al respecto". Añadió que "si en una obra un coordinador de seguridad y salud estima que no se cumple con la norma, que lo comunique y determine la paralización de la misma, como siempre ha sido".
El consejero de Obras Públicas y vicepresidente del Cabildo, Jacobo Medina, avanzó que su departamento prioriza la tramitación de las certificaciones de obras de la institución para agilizar los pagos pendientes y dar liquidez a las empresas. El importe supera los 500.000 euros.
