La Guardia Civil del puesto de Yaiza, en colaboración con la Policía Local del mismo municipio, llevó a cabo durante los dos últimos fines de semana ocho inspecciones en unos locales de ocio nocturno de Playa Blanca para verificar si se estaban cumpliendo las normativas sanitarias para combatir el coronavirus. Los agentes elaboraron tres sanciones administrativas a dos negocios por diversas irregularidades, como la falta de uso de mascarillas por parte de alguno de los clientes que no respetaban la distancia de seguridad interpersonal, establecida en al menos metro y medio.
El primero de los servicios se llevó a cabo el pasado 12 de julio cuando los agentes accedieron a cuatro locales de un mismo centro comercial, donde se llevaron a cabo dos propuestas de sanciones, una a cada establecimiento y que fueron remitidas a la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
El fin de semana siguiente, el 19 de julio, los guardias civiles, apoyados por el Grupo de Intervención Rápida (GIR) de Costa Teguise) y en coordinación nuevamente con la Policía Local, volvieron a inspeccionar los mismos negocios al objeto de verificar que una vez inspeccionados cumplían con la normativa vigente, verificando que uno de ellos volvía a incumplir con las medidas sanitarias establecidas, motivo por el que se confeccionó la correspondiente infracción administrativa, según informó ayer la Comandancia de Las Palmas en un comunicado.
Entre las irregularidades detectadas en los locales se encuentran que el acceso al establecimiento no se realizaba mediante entradas nominativas ni en grupos reservados, el consumo no se efectuaba en una zona habilitada para ello, la falta de uso de mascarillas cuando se requería o la carencia de cartel de aforo en la entrada que además carecía de control de acceso adecuado.
Cinco sanciones a clientes
Cinco sanciones a clientesAsimismo, las fuerzas de seguridad elaboraron otras cinco propuestas de sanción a usuarios que no utilizaron mascarillas en las zonas pública cuando no se podía garantizar la distancia de seguridad interpersonal de metro y medio.
La Guardia Civil apuntó que los incumplimientos podrían suponer una infracción grave recogida en el artículo 57.2.b.1, de la Ley 33/2011 General de Salud Pública. Y aseveró en el comunicado que las sanciones por incumplir las obligaciones, que pueden suponer un riesgo grave para la salud de la población, van desde los 3.000 a los 60.000 euros siendo la autoridad administrativa competente para ello la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
El Instituto Armado, además, elevó una propuesta al Ayuntamiento de Yaiza para que se pueda proceder al cierre de los establecimientos que no cumplan con la resolución del Gobierno de Canarias de 19 de junio.
