El presidente de la Asociación de Vecinos de Valterra, José Cruz, solicitó ayer en el pleno el apoyo del ayuntamiento para evitar que cuarenta familias de ese barrio se queden sin sus viviendas, a raíz del recurso judicial interpuesto ante el Supremo por la empresa Conservas Garavilla S.A. sobre la titularidad de esas casas sociales.

Los inmuebles fueron construidos en 1955 tras la aprobación del proyecto de edificación por parte del Instituto Social de la Marina y Vivienda del Gobierno central, con el fin de destinar dichas construcciones a trabajadores de las empresas de conservas de pescado Garavilla (40), Rocar (20) y Ojeda (10), ahora Conservera Canaria, entidades que "firmaron en su día los convenios con el instituto para arrendar las casas a sus empleados, las cuales podrían ser adquiridas con el tiempo por sus inquilinos", recordó Cruz.

El representante vecinal dijo además que "los vecinos han cumplido, por lo que han solicitado en reiteradas ocasiones al instituto que les den las escrituras de sus casas".

El colectivo está pendiente de la resolución del recurso judicial de Garavilla.