La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha remitido al juzgado decano de Arrecife la denuncia presentada por Alternativa Ciudadana por la concesión de la licencia de apertura del aparcamiento subterráneo del parque Islas Canarias al considerar que de los hechos denunciados se deduce la posible existencia de un delito de prevaricación urbanística y administrativa por los artículos 320.1, 302.2 y 404 del Código Penal cometido por parte de cuatro funcionarios del Ayuntamiento y un exconcejal.

La fiscalía ha pedido que se tome declaraciones en calidad de imputados a cuatro funcionarios de la Oficina Técnica y al ex concejal del PIL, Juan Antonio Santana, que fue el que otorgó por decreto, como concejal responsable del área de Aperturas y Actividades Clasificadas en ese mandato, la licencia municipal de apertura de la actividad "Aparcamientos" en el subsuelo del parque Islas Canarias de Arrecife.

Alternativa considera "que todas las actuaciones realizadas para la concesión de la citada licencia se llevó a efecto a sabiendas que la misma era nula de pleno derecho al tener pleno conocimiento desde la toma de decisiones que la misma se estaba llevando a cabo un cambio de uso no solo en cuanto a la superficie, sino también al subsuelo".

Se da la circunstancia que varios de los funcionarios que están imputados por realizar los informes jurídicos y técnicos para permitir la apertura del aparcamiento Islas Canarias son los que también han elaborado los nuevos informes para la legalización de estas instalaciones.

La licencia del aparcamiento fue anulada por el Tribunal Supremo tras un contencioso administrativo que interpuso la Fundación César Manrique aunque el Ayuntamiento de Arrecife ha solicitado en varias ocasiones que estas instalaciones puedan legalizarse. De hecho, el actual grupo de gobierno y la empresa adjudicataria del aparcamiento han presentado ante el TSJC un informe jurídico y técnico para su legalización. Por tal motivo, han otorgado una nueva licencia que debe ser ratificada por los tribunales. El pasado 21 de enero fue Alternativa la que presentó ante la Fiscalía la denuncia por un presunto delito de prevaricación urbanística y administrativa.