Un jurado popular será el encargado de juzgar la primera de las piezas del caso Unión que irá a juicio. Se trata de la trama de ofrecimiento de comisiones ilegales al consejero del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino para que desbloquease los terrenos de Costa Roja permitiendo así la construcción de una macrourbanización residencial.

La juez instructora, María Lucía Barrancos, hizo público ayer a través de la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el auto de concreción de imputación que tuvo lugar el pasado 23 de abril y del que informó en su momento este diario.

El fiscal delegado de Medio Ambiente, Javier Ródenas, tras desmenuzar cronológicamente cómo se llevaron a cabo los diversos intentos de soborno sobre Espino, imputa al promotor Luis Lleó y al empresario Fernando Becerra, tres delitos de cohecho. La juez Barrancos entiende que los hechos "se encuentran indiciariamente acreditados" y ordena la continuación del procedimiento por los trámites del Tribunal del Jurado.