El fuerte crecimiento turístico incontrolado que experimentó en una sola década la isla de La Graciosa, que triplicó la oferta alojativa desde los 49 apartamentos de 1994 a los 184 en 2003, cifra que permanece casi invariable en la actualidad, amenaza los atractivos y la conservación de ese espacio natural, cuya principal fuente de ingresos se sustenta en el turismo en detrimento de la pesca, que ha pasado a un segundo plano.
Se da la circunstancia de que "ninguna de las camas turísticas de La Graciosa está autorizada", subrayó ayer el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés. Por su parte, el edil del Ayuntamiento de Teguise delegado para La Graciosa, Domingo Cejas, cifró las camas en unas 540 plazas, que pretenden regularizarse a través de la Ley de Medidas Urgentes de Canarias.
Ese desarrollo "explosivo y no reglado ha derivado en un conflicto social por el uso turístico", según pone de manifiesto el Análisis y Diagnóstico de la situación del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, presentado ayer en Caleta del Sebo por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. El documento señala que ese desarrollo ha acarreado deficiencias en la gestión de los residuos, el abastecimiento de agua o el suministro eléctrico, con cortes o escasez en ambos servicios en la temporada de verano para residentes y visitantes.
"Las infraestructuras no se han dimensionado para dar respuesta a las nuevas demandas que se han generado", señaló la arquitecta Sandra de León, miembro del equipo de Gesplan que se ha encargado de identificar y estudiar los elementos que mayor repercusión han tenido en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, el cual engloba, además de La Graciosa, los islotes de Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste y la localidad de Famara (en el norte de Lanzarote).
Consenso
La población residente en La Graciosa ronda los quinientos habitantes, cifra que alcanza los 1.500 durante los meses de verano. La afluencia de visitantes durante la temporada estival es de 18.000 personas. "La expansión urbanística y turística desordenadas", precisó De León, "ha provocado, entre otras consecuencias, la pérdida del carácter marinero de Caleta del Sebo, una ausencia en el control de los límites urbanos de esa localidad, una mezcla de los usos pesqueros y deportivos en el muelle y un elevado parque automovilístico". La flota de vehículos supera los 200 coches.
El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo (PRUG), en vigor desde 2006, ha sido incapaz de limitar el desarrollo de La Graciosa y para ello la Consejería de Ordenación Territorial ha iniciado su revisión con el fin de establecer un equilibrio entre las actividades que tienen lugar en ese espacio por parte de la población y la preservación de los recursos naturales.
El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, que viajó este lunes a La Graciosa junto a la vicepresidenta del Ejecutivo, María del Mar Julios, trasladó a los residentes que las propuestas de modificación del instrumento de ordenación "serán objeto de debate y consen-so con la población residente, la cual debe implicarse en el diseño e implantación de un modelo turístico atractivo, viable en el tiempo y respetuoso con el medio ambiente".
Berriel reconoció que el actual plan rector, cuyo proceso de elaboración comenzó en 1999, "se hizo desde el gabinete sin contar con tanta relación con los vecinos como está ocurriendo ahora con la revisión. Hemos desplazado varios técnicos a La Graciosa para estudiar la situación de ese espacio y recoger las demandas de los habitantes". El consejero estimó que "en un año" estará concluido el proceso de revisión de la norma de ordenación.
Alicia Páez, representante del Ayuntamiento de Teguise en La Graciosa, se quejó de que "el PRUG, donde todo son prohibiciones, no recogiera ni el 10 % de las alegaciones que hicimos en su momento". "Ese documento nos está haciendo la vida muy dura porque no respeta nuestras tradiciones", añadió.
