El juicio por la demanda presentada por los administradores de la empresa pública de Aguas Inalsa de Lanzarote, en la que se solicita que se embarguen los bienes de los miembros de los consejos de administración de la empresa desde el año 2006 se ha iniciado hoy en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Los afectados son 19, entre los que hay políticos en activo de Coalición Canaria, PSOE y PIL. La demanda afecta a la consejera en funciones de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas (CC), los parlamentarios Mario Pérez (CC) y Manuel Fajardo Palarea (PSOE), los alcaldes de Tías, José Juan Cruz (PSOE) y Haría, José Torres Stinga (CC) los consejeros del Cabildo, Carlos Espino (PSOE) o Sergio Machín (CC) o Plácida Guerra (PIL), así como el ex alcalde de Arrecife Enrique Pérez Parrilla (PSOE). También afectaría a miembros del PIL, como José Dimas Martín o Antonio Barambio.

Al inicio de esta primera jornada la defensa de Inés Rojas, Mario Pérez y Sergio Machín ha pedido el sobreseimiento de la causa contra sus clientes por considerar que la demanda "no acredita nada de nada" y "no se cuantifica" la cantidad por la que deben responder sus clientes. "No sabemos si nos piden un euro o 40 millones" como "he podido leer en la prensa".

Este fue uno de los argumentos más utilizados por el letrado, quien insistió en la "indefensión" de sus representados porque "la Administración no concreta lo que pide". Para preparar su defensa "he tenido que recurrir a lo publicado en la prensa", señaló en varias ocasiones, porque no dispone de otro tipo de información. Insistió también en que el resto de letrados, hasta doce, compartían este argumento suyo.

El abogado señaló en su exposición que "la Administración concursal no concreta lo que pide, cuál es el supuesto daño" del que tendrán que responder sus representados, ni cuales de sus "actuaciones concretas" motivaron el déficit de la empresa en el que se sustenta la demanda. Además destacó que sus clientes eran miembros en funciones del Consejo de Administración de la empresa pública a partir del 1 de junio de 2007, fecha en que se inicia los dos años de responsabilidades que se recoge en la demanda, tras la intervención de la empresa el 1 de junio de 2009. El letrado destacó que sus clientes fueron incluidos en esta causa "por 30 días", ya que a finales de junio de 2007 ya dejaron de pertenecer a este organismo.

Insistió en que la defensa desconoce la cuantía exacta del déficit que tiene la empresa. Se refirió de nuevo a la prensa y mostró al Tribunal varios artículos fechados en junio de este año, en el que se refiere que la situación económica de la empresa no es negativa, ya que "existe un superávit de unos 20 millones de euros". "De ser cierto lo publicado" la situación variaría, destacó el letrado, ya que la deuda que se especifica en la demanda es de unos 40 millones de euros.