Las defensas de los representantes públicos imputados en el Caso Inalsa, que esta semana han tratado de convencer al juez de que no decrete el embargo cautelar de todos sus bienes para responder del agujero negro de 40 millones de euros que arrastra la sociedad Insular de aguas de Lanzarote, aludieron ayer a que la medida es "desproporcionada"

En este sentido, el abogado que representa al parlamentario socialista, Manuel Fajardo Palarea; al exalcalde de Arrecife, José Juan Cruz Saavedra y al edil socialista en Arrecife, Pedro Marcial Viera, intentó convencer al magistrado de la causa, Jesús Alemany, de que sobreseyera la demanda al asegurar que "la mayoría de los aquí representados son personas que tienen familia con hijos en edad escolar y el embargo de todos sus bienes, incluyendo sus cuentas bancarias, provocaría que no pudiesen hacer frente a sus gastos diarios y que tuviesen que acudir a los amigos para poder salir adelante".

Cubrir los 40 millones

Con el embargo cautelar de todos los bienes de los 18 miembros de la política lanzaroteña, que entre los años 2005 y 2009 formaron parte de dos consejos de administración de Inalsa y tras los que la sociedad se declaró en concurso de acreedores por no poder hacer frente a una deuda de 40 millones de euros, la administración concursal pretende hacer frente al millonario agujero económico en caso de que Inalsa no llegue a un acuerdo con sus tres principales acreedores: Endesa, FCC y Aguas Filtradas", a los que les debe 18,8 12,3 y nueve millones de euros respectivamente.

La medida "absolutamente desproporcionada" según los letrados de las defensas, se ha propuesto al juez por los administradores concursales debido a que el seguro de responsabilidad patrimonial suscrito por los diversos consejos de Inalsa para hacer frente a posibles demandas sólo cubra hasta tres millones de euros.

Asimismo, el pasado mes de mayo se rechazó una demanda de Fomento Construcciones y Contratas (FCC), a través de la UTE Edam Janubio, que pedía el embargo de una finca de Inalsa en la que se producía y distribuía agua en la Isla, para cobrar la deuda de 12 millones de euros que mantiene con Inalsa.

En dicha sentencia, el juez recordó que, pese a que los acreedores tienen derecho "a ver satisfecho su crédito, pero no precisamente por la realización de bienes de dominio público, lo que la ley no permite, ni al margen ni dentro de un concurso de acreedores".

Sin la posibilidad de embargar los bienes de Inalsa, sólo quedaba acudir a los gestores de la empresa para hacer frente a los 40 millones de euros.

En este sentido, el representante legal de la antigua consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra; del concejal del PIL, José Dimas Martín; del presidente insular del CCN, Liberato Barambio y de los exconsejeros de la sociedad, Feliciano Díaz e Iván Rodríguez, defendió ayer ante Alemany que los exconsejeros de la sociedad eran "simples administradores que no tenían capacidad real de decisión", por lo que no se les podría responsabilizar de la deuda contraída por Inalsa.

En esta línea argumental, el abogado del alcalde de Haría, José Mariano Torres, comentó que "los administradores concursales dan un giro copernicano e imputan ahora a los consejeros una responsabilidad jurídico-administrativa de la que no podían hacerse cargo, entre ellas, el adaptar las tasas al coste del agua, realizar obras en el sistema de distribución o pagar los costes del servicio de abasto".

"Mala fe" de la concursal

Los letrados volvieron a repetir lo que ellos ven como "mala fe de los administradores concursales" al pedir el embargo porque, especificó el abogado de Torres, se ha solicitado "un año después de que contasen con todos los documentos que han presentado". Y, concluyó la intervención que deja visto la demanda para la resolución que proceda, al decir que "resulta muy casual que ésta no se presentase hasta que el Consorcio del Agua de Lanzarote rechazase la subida del agua del 40%".