- ¿Qué aporta el dictamen del jurista Luciano Parejo, encargado por su grupo de gobierno, a un escenario marcado por 27 hoteles y complejos con licencias anuladas en Lanzarote?

- Deja claro que ahora no existe un planeamiento en vigor desde el punto de vista de los techos alojativos que permita ejecutar las sentencias. A partir de ahí, lo que se apunta es que o bien se aprueba en el Plan Insular y en el Plan Territorial, que hay que hacerlo de todas formas, pero no lo permitiría hasta que estuvieran totalmente aprobados o, por el contrario, propone aprobar unas normas transitorias tras suspender el PIO donde no está vigente y es frágil. Es cierto que el PIO de 1991 está en vigor, pero no la parte que habla de techos y de programación de los crecimientos, según el mismo informe. Esa parte está caduca por causa intrínseca. Ahí es donde difiere de los informes que se han hecho desde la Oficina del PIO del Cabildo. No se trata de deconstruir el PIO, sino de robustecerlo allá donde tiene una laguna jurídica.

- ¿Pero qué límite tendría ese techo? ¿Ya se plantea algo?

- No. De momento se plantean unas normas sustantivas que se incorporarían al PIO y al PTE, pero que sean efectivas desde ya para que las sentencias se puedan ejecutar. Cuando el Partido Socialista dice que en realidad no difiere tanto de su propuesta, pues yo me alegro. En realidad no entiendo a qué viene que me llamen el medianero de los infractores.

- Usted planteó que no se darían pasos para la regularización de los hoteles sin consenso. Pero parece imposible hoy por hoy a nivel político.

- Preciso... Yo dije que no haría ley para regularizar los hoteles, como pretendía el PSOE, sin consenso. Apunta el dictamen que lo que hay que hacer no es una ley, sino cambiar el planeamiento. Pero como no quiero faltar a mi palabra y a mi apuesta por el consenso antes de las elecciones ni habrá ley, ni habrá Plan Insular ni siquiera aprobaré las normas transitorias.

- Bien, pero ¿qué sucedería si después de las elecciones se repite un panorama donde el acuerdo, en especial entre el resto de fuerzas y el PSOE, no cristaliza? ¿No se haría nada?

- El problema lo tiene el PSOE. Tienen que decir si estarían dispuestos a gobernar o a respaldar a quien consideran un medianero de los infractores. Desde luego, no me apetece hacerlo. El PSOE se está autoinhabilitando para hablar con el resto de formaciones. Unos porque dicen que son ilícitos, otros que son antagónicos y otros por medianeros. Me colocan el sambenito de medianero por propaganda política y para postularse en adalides de la defensa del territorio frente a los depredadores. Decirme eso es como acusar a los jueces de que es posible que un medianero se salte la ley. Pero este informe deja muy a las claras que esta o cualquier otra decisión pasa por la supervisión judicial de la ejecución de los fallos en todos sus términos, incluso en el planeamiento urbanístico, aunque no haya sido juzgado. El estado de desconfianza que se pretende instalar en los ciudadanos sobre la impunidad es infundado e imposible. No hay tampoco, y tampoco se puede, una voluntad de amnistía para quien haya conculcado el planeamiento, que además tendrá que compensar al interés general donde se determine. Habrá casos en que se regularicen sin más, otros tendrán que compensar y otros, quizás, no sean regularizables. No lo sabemos.

- ¿Queda algún paso que dar antes del 22-M?

- Creo que este grupo de gobierno va a tomar alguna decisión para que los juzgados tengan la tranquilidad de que el Cabildo sí tiene una propuesta.

(*) PEDRO SAN GINÉS GUTIÉRREZ | Presidente del Cabildo de Lanzarote