La empresa insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) adeuda unos nueve millones de euros a Unión Fenosa por la electricidad que se consume en las desaladoras para producir el agua. La crítica situación económica de Inalsa ha obligado a los actuales administradores concursales a dejar de pagar los recibos de la luz por falta de recursos. Una deuda que ha subido como la espuma en apenas nueve meses y que previsiblemente seguirá aumentado hasta final de año.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, reconoció ayer que se había solicitado una prórroga a los responsables de Unión Fenosa para poder hacer frente a gran parte de la deuda a final de año, una vez que el Consorcio Insular de Aguas reciba la subvención que el Estado concede a la desalación de agua.

El hecho de que Unión Fenosa no pueda cortar el suministro eléctrico a las desaladoras por ser el abastecimiento de agua un servicio público provoca que sean estas deudas las que se abonen en última instancia. Inalsa firmó un contrato de interrumpibilidad con esta operadora, lo que permite un ahorro de dos millones de euros anuales en la factura eléctrica.

El último pago a Unión Fenosa se produjo precisamente el pasado jueves, cuando el Consorcio le entregó cerca de un millón de euros, aunque la deuda se mantiene en nueve millones.

Los problemas de impago ya los padeció la compañía eléctrica Endesa cuando era el que suministraba la energía a Inalsa hasta el año 2009. De hecho, la deuda con Endesa es de 18,8 millones de euros, lo que le convierte en el principal acreedor de Inalsa. Una cantidad que entrará en los convenios de pago que establezca Inalsa con sus acreedores en el proceso concursal que está en marcha.

San Ginés insistió en la viabilidad económica de Inalsa y volvió a defender su carácter público. El presidente asegura que entre los objetivos del grupo de gobierno se encuentra el de poner a la empresa "en resultados positivos de gestión que permita cubrir los costes, para acometer la inminente fase de convenio con los acreedores con unas mínimas garantías.