Los políticos que estuvieron al frente de Inalsa entre 2005 y 2009 tendrán que hacer frente con su patrimonio y sus sueldos a una parte de las pérdidas millonarias que se generaron en la empresa insular de Aguas de Lanzarote en caso de que no se logre un acuerdo de pago con los tres principales acreedores de la compañía para liquidar la deuda de 40 millones de euros. Los gestores de Inalsa podrían tener que asumir una deuda de al menos 15 millones de euros.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria estimó ayer parcialmente la solicitud de los administradores concursales de Inalsa para que se embargara de manera cautelar los bienes y derechos de los 17 miembros de los dos últimos consejos de administración de Inalsa.
Aunque los concursales habían pedido el embargo por el total de la deuda, el juez ha limitado la responsabilidad patrimonial de los consejos de administración a las pérdidas de Inalsa en 2007 y 2008.
Si bien en 2007 las pérdidas fueron de 3,8 millones, el juez pide a los concursales que se contabilice oficialmente la deuda de 2008 para fijar la responsabilidad patrimonial durante ese año, que en un principio podría superar los 10 millones.
No todos los gestores de Inalsa tendrán que asumir las mismas pérdidas. Así, el consejo de administración que gestionó Inalsa entre 2005 y 2007 (Inés Rojas, Mario Pérez, Sergio Machín, Rafael Martín, Aquilino Romero, Manuel Fajardo Palarea, José Juan Cruz y José Torres Stinga) tendría que hacer frente a 1,9 millones de euros.
Por su parte, los administradores que estuvieron entre el 2007 y 2009 (Manuela Armas, Plácida Guerra, Juan F. Eugenio, Carlos Espino, Enrique Pérez Parrilla, Iván Rodríguez, José Dimas Martín, Feliciano Díaz y Antonio Barambio) tendrán que asumir además de 1,9 millones de 2007 las pérdidas de 2008 que superarían los 10 millones.
