San Ginés logra la suspensión del juicio, que empezará de nuevo en la Audiencia

Así lo había solicitado este martes su defensa, alegando que la magistrada del Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife “no es competente” para celebrar esa vista, porque la pena solicitada supera los 10 años de condena, en este caso de inhabilitación. Este argumento, que no había sido planteado hasta ahora por sus letrados, pese a que la pena solicitada se conoce desde julio de 2018, es el que han esgrimido con el juicio ya comenzado. Y sobre todo, después de una primera jornada en la que la declaración de uno de los acusados había entrado en frontal contradicción con la línea de defensa de San Ginés.

Tras escuchar los argumentos del abogado José María Calero, que lleva la defensa del expresidente y ha intervenido en algunos casos de corrupción más conocidos de España, la magistrada ha comenzado señalando que la vista continuaba. Sin embargo, el letrado le ha llegado entonces a advertir con emprender acciones legales contra ella, insistiendo en que estaba celebrando una vista para la que no era “competente”.

Así, tras la intervención de la fiscal, la juez ha acordado finalmente realizar un receso para analizar la situación. Unos minutos después, todas las partes han regresado a la sala y la jueza ha anunciado que se inhibe del procedimiento y que lo remitirá a la Audiencia Provincial, lo que volverá a retrasar el juicio, como mínimo, durante meses. Además, ha explicado que su decisión implica anular también todo lo actuado desde que la causa llegó a su Juzgado, una vez que el Juzgado de Instrucción ordenó la apertura de juicio oral y le remitió la causa.

Calero alega que se ha demostrado que la incautación de la desaladora tuvo un asesoramiento oral

El día anterior, igual que lo había hecho también por escrito antes de la vista, la defensa de San Ginés había pedido a esta misma magistrada que anulara el procedimiento e incluso que dictara “una sentencia absolutoria”, al considerar que el auto de apertura de juicio oral no era válido porque insiste en que no hay una acusación popular “legalmente constituida”. Este argumento, que fue rechazado por el juez instructor, por la Audiencia Provincial y por el Ministerio Fiscal, no le sirvió para impedir el inicio del juicio, por lo que ha terminado optando por una nueva estrategia que, de momento, le ha servido para retrasar la vista.

Al anunciar su decisión, la magistrada María Luisa Moreno ha señalado que si no es competente para celebrar el juicio tampoco lo es para anular el auto de apertura de juicio oral, como venía solicitándole la defensa de San Ginés. “Se da por terminado el juicio”, ha señalado al concluir su intervención, tras anunciar que ahora el procedimiento pasará a manos de la Audiencia.

Antes de que se iniciara la segunda jornada del juicio, el abogado de San Ginés manifestó a los medios de comunicación, convocados a la puertas de los Juzgados por CC que, además de adelantar la medida que acababa de solicitar, también valoró la primera jornada del juicio. En concreto, se refirió a la declaración del exsecretario del Cabildo, Francisco Perdomo, que negó que San Ginés le hubiera pedido un informe antes de ordenar la incautación.

“Lo que se discute de si fue por escrito o fue oral, quedó acreditado que fue oral. Si fue más profundo o menos profundo, ayer dijo que no fue muy profundo. Pero hubo un asesoramiento en cualquier caso”, ha señalado al respecto José María Calero, con un tono muy alejado del empleado en el comunicado enviado la noche anterior por San Ginés, supuestamente en nombre de su defensa letrada.