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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Crisis migratoria

Oswaldo Betancort: “Canarias es una olla a presión en cuestión migratoria y social”

“Seguiremos siendo un coladero mientras el Frontex no actúe con firmeza y la Covid siga como excusa”, lamenta el alcalde de Teguise

Oswaldo Betancort, alcalde de Teguise LP/DLP

¿Han llegado tarde el Gobierno de Canarias y de España ante las señales de alarma derivadas de la tensión social generada en las Islas por la inmigración?

Me gustaría ser menos duro, pero lo cierto es que ha sido un despropósito tras otro. Ni previsión, ni gestión, ni visión de futuro. Y a los hechos me remito: está siendo la peor crisis migratoria que ha asolado a Canarias, porque además ha venido acompañada de una crisis sanitaria sin precedentes, con efectos devastadores en lo social y económico; y la única solución del Gobierno de España, con la connivencia del Gobierno autonómico es montar campamentos, que son improvisadas cárceles sin seguridad ni condiciones aceptables para albergar a miles de personas, que no quieren quedarse en las islas y a los que se les prohíbe seguir su camino. Entendemos que hay que garantizarles cobijo y alimento, pero ¿cuál es el plan a corto plazo? Me temo que por ahora seguiremos siendo un coladero mientras el Frontex no actúe en Canarias con firmeza y mientras se siga poniendo la Co- vid como excusa.

Hay más agentes implicados en el proceso, ¿por dónde empezaría usted si gobernara?

Como en cualquier iniciativa que persiga el bien común desde el ámbito público, y después de mi experiencia de casi diez años en la gestión municipal, en donde la cercanía y el contacto directo con los ciudadanos es indispensable para el buen gobierno, lo primero es afrontar el problema de cara y establecer encuentros con representantes del tercer sector, tanto insulares como autonómicos: Cruz Roja, Cáritas Canarias, Casa África, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, así como con representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y policía locales y, por supuesto, atender y escuchar a asociaciones vecinales de los núcleos más afectados por la llegada de inmigrantes, tanto en el momento de la primera acogida como en el tiempo que permanecen en las Islas. Al mismo tiempo, hay que revisar y actualizar el Pacto Canario sobre Inmigración que, a todas luces, es insuficiente y perjudicial para nuestro Archipiélago, porque lo que no puede ser es que se repitan en el futuro imágenes como las de Arguineguín, disponiendo Canarias de acuartelamientos absolutamente vacíos como el del Cuartel de Arrecife, en Lanzarote, o el de Las Canteras o Las Raíces en La Laguna. El Estado Español debe ceder esas infraestructuras a disposición de Canarias y de las comunidades autónomas afectadas.

¿Cuáles son las líneas de actuación que propone como secretario sectorial de migración de Coalición Canaria?

Lo primero, lógicamente, es conseguir mayor protección en nuestra costa mejorando la tecnología de detección con un sistema de vigilancia de nuestra frontera en condiciones. Una vez resuelta esta cuestión, hay que concentrar esfuerzos en mejorar la distribución de inmigrantes, la adaptación de hábitats dignos para la acogida e impulsar la cooperación con la Unión Europea. Por lo tanto, se tienen que reactivar y mejorar los procedimientos para la distribución de los inmigrantes por el resto del territorio nacional, siguiendo las sugerencias que hacen desde Europa, animando a tener centros de acogida y estancia con menor capacidad, pero mejor distribuidos territorialmente. Y por último, debemos impulsar la cooperación operativa con la UE y con los estados de origen y/o tránsito de los flujos irregulares de inmigrantes. Quizá el Gobierno autonómico dirá que esto depende de España, pero vista las experiencias previas de ninguneo por parte de Madrid, es imprescindible que el Gobierno de Canarias dé un paso al frente y hable cara a cara con Europa. Por ahora, solo tenemos una declaración de intenciones por parte del consejero de Seguridad del Ejecutivo autonómico, Julio Pérez, pero la verdad es que no ha hecho absolutamente nada con respecto a plantarse ante el Gobierno de Estado ni ante Europa. Eso sí, como formación política responsable, seguiremos haciendo una oposición constructiva al respecto, con el objetivo de hacer entender al Estado que necesitamos además de una infraestructura tecnológica eficaz, destinar más recursos humanos para abordar un drama humanitario que hay que sufrir de cerca para entenderlo, como han hecho de forma admirable esos representantes del tercer sector que, como decía, son los primeros a los que hay que escuchar.

Usted ha solicitado en reiteradas ocasiones la mejora en el funcionamiento del SIVE, sobre todo, para evitar muertes de migrantes en el mar. ¿A qué cree que se debe la falta de actuación del Ministerio de Interior al respecto?

Efectivamente, ante la más que previsible oleada migratoria de embarcaciones a nuestras costas, agravada por los efectos de la Covid, lo primero que planteé en 2019 fue mejorar los sistemas de detección temprana, teniendo en cuenta de que el control en origen es inexistente. A principios de noviembre de 2019 la costa del municipio de Teguise, en Lanzarote, vivió una tragedia con el vuelco de una patera en la que, al parecer, viajaban 14 migrantes, de los cuáles solo cuatro lograron alcanzar la costa y donde solo pudieron ser rescatados seis cadáveres. Desde ese momento, y en repetidas ocasiones, hemos puesto en duda el funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), y el tiempo nos ha dado la razón. Hemos denunciado que hay unidades de este sistema de vigilancia que aguardan a ser estrenadas en el cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise, con la consiguiente pérdida de millones de euros que ha supuesto. Todo ello nos lleva a constatar que, no solo no cumplen con su cometido, el de salvar vidas en alta mar, sino que además hay una patente deficiencia en la dotación necesaria para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y las oenegés puedan actuar con las herramientas y protocolos adecuados, como ya se hizo con éxito en la anterior crisis migratoria de 2006.

“Canarias es una olla a presión en cuestión migratoria y social”

Una de las puertas de entrada de embarcaciones irregulares es La Graciosa. Ese asunto lo abordó usted también con la Guardia Civil de Lanzarote y solicitó un destacamento marítimo específico para cubrir la zona norte.

Así es. El pasado mes de septiembre presenté una iniciativa en el Parlamento de Canarias solicitando la mejora del servicio de vigilancia en las aguas marítimas de nuestras islas más orientales y, en particular, la custodia de las costas y el control de la inmigración irregular en Lanzarote y La Graciosa, para lo cual resulta necesario ubicar un destacamento marítimo de la Guardia Civil en el muelle de Órzola, en el norte de Lanzarote. Sorprendentemente, en los 750 kilómetros de costa que rodean la islas pertenecientes a la provincia de Las Palmas solo hay dos bases, mientras que en la costa andaluza existen seis puestos de Salvamento Marítimo en 900 kilómetros lineales de costa sur peninsular, con el agravio comparativo que supone. Reclamamos igualdad de condiciones y recursos en las fronteras de nuestro archipiélago que en las vías de entrada a España a través de Ceuta y Melilla. Este asunto lo tratamos con el Capitán Jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Costa Teguise, Pablo de los Santos Granados, en una reunión en la que se expuso claramente cuáles son las deficiencias y la falta de inversión en seguridad en las islas de Lanzarote y La Graciosa.

Está claro que los recursos siguen siendo insuficientes.

Los datos son abrumadores, pero los recursos son los que son, tanto para atender y dar todas las garantías de seguridad a los que llegan de fuera como a los ciudadanos de pleno derecho. Vaya por delante mi reconocimiento a la labor de todos los efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja y servicios de Emergencias y voluntarios que operan en la isla de Lanzarote en precario. No hay medios suficientes ni para detectarlos, ni para acogerlos ni custodiarlos y tampoco ponen medios para trasladarlos mientras el problema sea exclusivamente de Canarias.

¿Considera que Europa hace lo suficiente para contribuir a paliar la crisis migratoria?

Ni Canarias, ni España, ni Europa hacen lo suficiente para paliar la crisis migratoria. No hay que obviar que esta nueva oleada de migrantes sobre Canarias ha sido provocada por el bloqueo de rutas alternativas y porque Marruecos como país de origen no colabora, e incluso, usa a Canarias como herramienta de presión y negociación con Europa para su beneficio e interés propio. Por este motivo, no podemos permanecer como espectadores pasivos ante la presión migratoria, puesto que somos los principales afectados de la misma y estamos sirviendo de dique de contención de un conflicto que va más allá de nuestras fronteras, con el enorme riesgo que ello supone para un territorio tan frágil como las islas. ¿Dónde está el despliegue de los agentes y dispositivos del Frontex que requiere una situación de emergencia tal y como la que estamos viviendo? Como comunidad perteneciente a un estado miembro de la UE, en Canarias hemos echado de menos actuaciones específicas de control fronterizo, así como de búsqueda y salvamento. Parece ser que hay una ayuda de más de 43 millones de euros que ha proporcionado la Unión Europea al Gobierno de España para cubrir los costes de atención humanitaria a través de un Fondo de Emergencia para las Migraciones, pero lo cierto es que Canarias requiere que los responsables en materia migratoria atiendan la más que evidente emergencia y no solo pidan solidaridad al pueblo canario, sino que la profesen activando mecanismos acordes a las dificultades que atravesamos en Canarias, que en estos momentos es una olla a presión en cuestión migratoria, humanitaria, social y económica, y si no accionan políticas eficaces e inmediatas, estallará.

El magistrado del Juzgado de Instrucción Nº8 de Las Palmas de Gran Canaria, órgano con competencias en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, ha denunciado la situación de los migrantes en el muelle de Arguineguín y también en el CATE de Barranco Seco, críticas a las que se han sumado abogados y diversas ONG. Sin embargo, lo cierto es que tampoco se están derivando a los inmigrantes ni a su país de origen ni a su destino final. ¿Se está improvisando al respecto?

Sin lugar a dudas, y no lo digo yo, lo dicen los expertos en migraciones hacia la Unión Europea, que consideran que “el modelo de centro de acogida que el Gobierno del Estado ha aplicado en el Archipiélago como vía para contener los desplazamientos de migrantes hacia la Península y otros países de la Unión Europea, no es el adecuado”. Para ellos sería mejor tener una decena de centros de internamiento con 100 usuarios cada uno, que un único espacio de un millar de migrantes, abogando por un mayor reparto de estas instalaciones en el territorio, en diferentes comunidades autónomas o su distribución por varios países de la Unión Europea. A todo ello habría que añadir la falta de medios humanos y técnicos que reivindicó la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ante el Ministerio de Interior mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2020. No se pudo llevar a cabo la contratación de aviones para la organización de vuelos charter de repatriación a terceros países de destino ni para el traslado a otro país de la UE. Todo ello permite que los que llegan de forma irregular continúen en este impás, en el limbo de Canarias, atrapados en una cárcel de inmigrantes. Y no hay que olvidar que las vidas no tienen color y, desgraciadamente, la ineficaz gestión del Estado ante la crisis migratoria vulnera los derechos humanos en Canarias.

“El Pacto Canario sobre inmigración es, a todas luces, insuficiente para nuestro Archipiélago”

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¿Cree que esta situación está alimentado el estallido de brotes xenófobos y violentos entre la sociedad canaria?

Tristemente sí. Es fruto de la incapacidad de este Gobierno que exista tensión en la convivencia, aunque también es cierto que la sociedad canaria en su mayoría ha demostrado sobradamente su hospitalidad y solidaridad, pero los picos de tirantez y nerviosismo social que se viven en Canarias son una de las consecuencias de concentrar a miles de personas, primero en hoteles y ahora en campamentos. Desde el pasado 10 de diciembre, prácticamente ningún inmigrante ha conseguido viajar a la Península, y en este tiempo en el que ninguno de ellos ha podido seguir su camino han llegado, al menos, otros 2.700 migrantes, según datos quincenales del Ministerio del Interior, y se ha expulsado (calculando la capacidad máxima de los cuatro vuelos semanales de deportación a El Aaiún) a cerca de 480 marroquíes.

En su intervención el pasado martes como diputado por Lanzarote incidió en que si hay un asunto que compete al Gobierno de Canarias es la tutela de inmigrantes menores de edad. ¿Cómo califica la gestión de la misma por parte del Ejecutivo?

En primer lugar, para que podamos determinar quiénes son menores y quiénes son mayores, para su posterior deportación cuando el Estado nos lo permita, es necesario la realización de pruebas que consiste en la realización de radiografía ósea y su posterior valoración por el médico forense, pero la realización de estas pruebas están tardando meses. Tanto es así, que desde el mes de noviembre tenemos más de 1.600 pruebas pendientes de personas que pudieran ser mayores, por lo que solicitamos que se pongan los medios necesarios para que se realicen en tiempo y forma. En cuanto a la situación de los menores no acompañados, que se contabilizan en torno a 2.600, Canarias es la comunidad autónoma que ostenta la tutela de los mismos y los cabildos insulares la guarda y custodia, cuando la capacidad real es de 400. En este sentido, he pro- puesto que la Fecai se ponga de acuerdo para la redistribución de los menores entre los siete cabildos insulares y también he invitado al Gobierno a convocar a sus miembros para que dicha distribución responda a la realidad y sea equilibrada y solidaria entre todos los cabildos.

En su opinión, ¿deberían ser más solidarias las comunidades autónomas con la acogida de menores migrantes?

Tengo que dar las gracias a las que ya se han pronunciado al respecto y que han demostrado esa solidaridad con el pueblo canario, como es la Comunidad Valenciana o catalana, pero hay que seguir reforzando los programas de derivación solidaria, y por supuesto, exigir fondos para su atención.

Canarias ha reiterado a Bruselas su petición de fondos para recursos de atención a los menores migrantes que llegan a las Islas, un 367% más que hace un año. Ante la falta de respuesta, ¿qué más debe hacer el Archipiélago?

Las cifras hablan por sí solas. Estamos desbordados y algo cansados ya de las buenas intenciones. La situación es muy grave como para que el peso de las decisiones y medidas que hay que tomar sean solo responsabilidad nuestra.

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