Las cuatro cofradías de pescadores de Lanzarote presentarán hoy un recurso de reposición contra la orden del Gobierno de Canarias del 1 de marzo sobre la Zona de Interés Acuícola ZIA LZ2, que permite la instalación de jaulas marinas en el litoral de los municipios de Arrecife, San Bartolomé y Tías, como paso previo a un posible contencioso ante la Justicia.
El anuncio se realizó ayer tras el encuentro mantenido por el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, con una representación de los marineros formada por el patrón de la Cofradía de Playa Blanca, Cristo Caraballo, el vicepatrón de la Tiñosa, Hopólito Cuadrado, y el equipo jurídico contratado por las cofradías en Playa Blanca. Aunque la costa de Yaiza no está directamente afectada por la decisión del Gobierno regional, el Ayuntamiento sureño ya ha puesto a disposición de las cofradías de pescadores de la Isla y de las instituciones de Lanzarote todos los estudios ambientales encargados en su momento por Yaiza, así como su experiencia jurídica en la lucha que mantiene contra las jaulas autorizadas en Playa Quemada y las que se pretendían instalar en Playa Blanca.
“El apoyo de palabra no es suficiente, somos solidarios con los municipios afectados y hemos entregado a las cofradías los informes técnicos pormenorizados encargados por Yaiza para que el sector pesquero insular y las instituciones refuercen sus alegaciones”, subrayó Noda. Las cofradías, que agradecieron el respaldo de Yaiza, argumentan “que el poco trabajo que puede dar la acuicultura no compensa para nada la destrucción de cientos de puestos de trabajo en la pesca y el daño que causan las jaulas al medio ambiente y al sector turístico. Las jaulas se cargan el fondo marino y las especies del entorno”.
Para dar respuesta a las quejas de los vecinos de Playa Quemada y a las propias inquietudes de la Administración, Yaiza encargó en 2016 una investigación a la empresa Elittoral, actualizada luego en 2017, sobre la calidad del medio marino-costero del entorno de Playa Quemada y posibles afecciones a la playa. De los estudios se desprende que la materia orgánica en el sedimento tiene una tendencia a aumentar triplicándose en cinco años, advirtiendo de la aparición e incremento de poliquetos, un organismo que se relaciona con la contaminación orgánica. “Esto demuestra que hay más que claros indicios de contaminación”, señaló “Óscar Noda”.
El Ayuntamiento pidió al Gobierno de Canarias la inspección exhaustiva de las instalaciones con el fin de definir la capacidad máxima que estaban ocupando, sus límites y la actividad efectivamente realizada. Asimismo, teniendo en cuenta que la actividad actual (cultivo de lubina y dorada) difiere de la aprobada inicialmente (engorde y engrase de túnidos), Yaiza expuso al Ejecutivo regional la necesidad de llevar a cabo un nuevo procedimiento ambiental sobre la actividad acuícola.
En 2013 se inició el trámite de concesión para ocho jaulas marinas frente a la costa de Playa Blanca para el cultivo de lubina y dorada, pero cuyo otorgamiento de momento no se ha consumado.
El efecto nocivo de la acuicultura en Playa Quemada
El Ayuntamiento de Yaiza presentó en 2014 alegaciones a la aprobación provisional del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), con las que remitió un informe técnico relativo a los impactos ambientales negativos de la acuicultura, mientras que en 2015 solicitó a la Viceconsejería de Pesca la inclusión de indicadores para el seguimiento de los efectos adversos derivados de la aplicación del futuro PROAC. Yaiza, y en concreto el pueblo costero de Playa Quemada, ha padecido las consecuencias de la acuicultura y el efecto que produce en sus costas. Lo que inicialmente, en 2001, iban a ser 10 jaulas flotantes para el cultivo de atún, se acabaron convirtiendo en 25 jaulas de 25 metros de diámetro cada una para el cultivo de lubina y dorada. Su instalación y cultivo en 2012 provocó que, casi que como efecto inmediato, en 2013, los vecinos de Playa Quemada notaran el impacto en sus aguas, que pasaron poco a poco a tomar un tono turbio, observando también la llegada a la costa de restos de aceites y piensos. Desde hace años, según el Ayuntamiento, parece que el número de jaulas supera la capacidad máxima permitida que es de 31, sin la certeza de la actuación del plan de vigilancia. | LP /DLP
