Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Abren expediente a los guardias civiles que denunciaron a un juez

Un cabo y un agente se enfrentan desde cuatro días sin empleo y sueldo hasta el cambio de destino | Se considera una falta grave

Captura del vídeo de la operación de la Guardia Civil en el chalet y que ha motivado la apertura de los expedientes. | | LP/DLP

Captura del vídeo de la operación de la Guardia Civil en el chalet y que ha motivado la apertura de los expedientes. | | LP/DLP

La Guardia Civil ha abierto expedientes disciplinarios a un cabo y a un agente por la difusión del vídeo del operativo en el que el juez Ricardo Fiestras fue denunciado por incumplir las medidas contra la covid-19, en una reunión privada en un chalet en el municipio de Yaiza, cuando Lanzarote se encontraba en nivel 4 de alerta sanitaria en febrero.

Según ha confirmado el portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, José Cobo, y publicado por el periódico digital La Voz de Lanzarote, se trata del cabo que estaba al frente del operativo y del agente que grabó las imágenes, que acabaron llegando a los medios de comunicación. Ambos se enfrentan a una posible sanción grave tras la queja que fue elevada a la Guardia Civil por el magistrado Fiestras.

Esa sanción, según ha explicado Cobo, podría ir desde los cuatro días de suspensión de empleo y sueldo hasta la pérdida de destino. No obstante, ha señalado que después de haberse incoado los expedientes por la presunta comisión de una falta grave, los agentes tienen un plazo «para defenderse y presentar alegaciones».

El magistrado presentó una queja por la difusión del vídeo de la actuación de la Benemérita

decoration

En concreto, fue el Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Guardia Civil quien realizó a cabo dicho operativo en un chalet ubicado entre Puerto Calero y Uga, donde el juez había acudido a pasar unos días con su pareja. Allí, según admitió el propio entorno del magistrado, se juntaron cerca de una decena de personas, cuando la normativa en vigor en ese momento en Lanzarote, que se encontraba en nivel de alerta 4 por la incidencia de la pandemia del covid, solo permitía encuentros de un máximo de dos personas no convivientes.

En su momento, el propio magistrado reconoció que “pudo haber una vulneración de las normas” y tanto él como los demás participantes estaban dispuestos a aceptar la sanción, aunque discrepaba de las «versiones» que circulaban negando que fuera una fiesta lo que se celebró.

No obstante, el motivo de su queja ante la Guardia Civil, y que firmaron otras personas que estaban con él, no fue la actuación en sí, sino en el hecho de que los agentes grabaran un vídeo que acabó siendo difundido, según confirmaron entonces fuentes cercanas al magistrado.

Después de la formulación de la queja se abrió un expediente de información reservada en la Guardia Civil, que es el paso previo para determinar la apertura de un procedimiento disciplinario, como así ha ocurrido. Además de proponer una sanción grave, el portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles ha confirmado que, con carácter previo a la apertura de los expedientes disciplinarios, también se propuso hacer cambios en el Grupo de Intervención Rápida (GIR) y sustituir a los agentes implicados.

«Ellos están destinados oficialmente en los distintos puestos de la isla, volverían a esas unidades, y en el GIR entrarían otros agentes», ha señalado.

La actuación que ha derivado en la apertura de sendos expedientes al cabo y al agente tras la queja presentada por el titular del juzgado de instrucción número 4 de Lanzarote, se desarrolló en febrero. Según recogió La Voz de Lanzarote en su edición del día 19 de ese mes, personas cercanas al juez afirmaron que este se alojaba con su pareja en este chalet, dentro de un complejo turístico que estaba cerrado por la crisis sanitaria. Además, en el mismo complejo se alojaba también otra pareja de amigos. A ellos se habían unido otro adulto y los hijos de las dos parejas con sus novias. Estos últimos, según le indicaron las mismas fuentes al periódico digital, son estudiantes universitarios que acababan de llegar de Madrid.

La operación se realizó en febrero, en plena fase cuatro de alerta de Covid, en un chalet de Yaiza

decoration

En total admitieron que se juntaron nueve personas, cuando la normativa en Lanzarote -que se encontraba en febrero en nivel de alerta 4 por la incidencia del covid-, solo permitía encuentros de un máximo de dos personas si no eran convivientes. En ese momento, reconocieron que se pusieron a hacer una fiesta en la piscina, bebiendo cerveza y poniendo música, lo que motivó que un vecino llamara a la Guardia Civil.

Compartir el artículo

stats