Inalsa ha advertido de un posible delito de apropiación indebida en los pagos que recibió el abogado Ignacio Calatayud por los incidentes derivados del concurso de acreedores de la empresa, que afirma que ascendieron a unos 800.000 euros y que recibió en concepto de costas judiciales, al ser condenada la otra parte.

Al respecto, la empresa pública de aguas habla de “apropiación” de esas costas y señala que “constituye una práctica irregular toda vez que el derecho a percibir las mismas corresponde al cliente y no a su abogado”. Advierte de que “si se apreciase una apropiación indebida de dichos fondos, el código penal castiga esa conducta con penas que pueden llegar a los seis años de cárcel, dado el elevado importe de las cantidades embolsadas”.

Inalsa, que se encontraba en concurso y por tanto en suspensión de pagos, explica que las costas procesales “tienen la consideración legal de crédito a favor de la masa activa”, por lo que no podían quedar “a la libre disposición” del entonces presidente del Cabildo y consejero delegado de la empresa, Pedro San Ginés.

Para pagar la deuda

“Tenían que destinarse a pagar parte de la deuda a los acreedores, pero el acuerdo verbal al que San Ginés llegó con su amigo ha permitido hasta el momento que Calatayud se haya quedado con todo el dinero, sin reintegrar a la empresa ninguna cantidad, una circunstancia aún más grave al tratarse de créditos en favor de una empresa pública y, en consecuencia, fondos públicos”, insiste Inalsa.

Los actuales gestores consideran muy graves los hechos.