Cada día que pasa crece la tensión entre la presidenta del Cabildo de Lanzarote, la socialista María Dolores Corujo, y el expresidente nacionalista, Pedro San Ginés, por la presunta contratación irregular de los servicios del «abogado amigo» Ignacio Calatayud durante el proceso concursal de la empresa pública de aguas de Lanzarote, Inalsa. En el último capítulo de este asunto, los dos políticos protagonizaron ayer sendas amenazas judiciales del uno contra el otro.
Así, desde el Cabildo se dio a conocer que la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote y la Junta General de la empresa pública Inalsa han acordado la adopción de medidas legales contra Pedro San Ginés e Ignacio Calatayud «por la contratación irregular del letrado y los cobros indebidos del mismo en los procedimientos incidentales en que representó de manera también irregular a ambas entidades».
Por su parte, San Ginés contraatacó revelando su intención de demandar a la presidenta de la institución insular «por calumnias». El expresidente y ahora portavoz adjunto del grupo nacionalista en el Cabildo afirma que «la presidenta miente conscientemente y que ha tergiversado toda la información sobre los costes de la contratación del abogado Ignacio Calatayud, con ocho notas de prensa consecutivas que evidencian la intencionalidad política de un relato falso de principio a fin».
La nota de ayer del Cabildo sobre este asunto –la novena, según las cuentas de San Ginés–, además de avanzar el acuerdo del Consorcio e Inalsa para emprender acciones legales contra el expresidente y el abogado, hace un repaso de la investigación realizada por la empresa pública en los últimos meses sobre los procedimientos en los que intervino el letrado Calatayud.
Detonante
Según el escrito del Cabildo, estas indagaciones, realizadas a raíz de la reclamación del abogado de 82.000 euros en concepto de honorarios por servicios prestados en incidentes del proceso del concurso de acreedores de la empresa, «han permitido acreditar la existencia de múltiples contrataciones irregulares que beneficiaron al letrado y el cobro de enormes cantidades de dinero de manera también irregular».
Asimismo, afirma la nota que «San Ginés y Calatayud urdieron una trama que permitió al letrado facturar un millón de euros por un procedimiento que había presupuestado el equipo jurídico anterior en 200.000 euros». En esta línea, atribuye al acuerdo entre el expresidente y su amigo abogado el hecho de que el profesional «cobrara el doble» que los administradores concursales «por un trabajo inferior». Se hace esta afirmación a la vista de que los administradores intervinieron en más de 20 incidentes durante todas las fases del concurso de acreedores, mientras que «Calatayud solo intervino en cinco incidentes».
Añade, además, que el abogado fue contratado por San Ginés cuando el trabajo de la fase común del concurso «había sido realizado ya en gran parte por el equipo especializado anterior». Por ello, tras conocer estos hechos, que se califican en la nota como «de extrema gravedad» por sus consecuencias para las entidades afectadas, la Asamblea del Consorcio y la Junta General de Inalsa han adoptado el acuerdo de ejercer las acciones legales que procedan facultando a la presidenta del Consorcio y de Inalsa –María Dolores Corujo– para la contratación de abogado y procurador en orden al ejercicio de dichas acciones.
Por su parte, Corujo elogió la investigación realizada, que ha permitido conocer la «deliberada estrategia de ocultación urdida por San Ginés y Calatayud» y mostró su indignación al saber que «mientras la empresa pública de aguas se jugaba su futuro en unas duras circunstancias había quien aprovechaba la situación en su beneficio personal saqueando de manera indecente las cuentas públicas».
Unanimidad
Por contra a lo que señala Corujo y afirman las notas difundidas desde el Cabildo, el expresidente se escuda en que «el encargo al abogado de todo lo relacionado con el concurso de acreedores, incluidos los incidentes concursales, fue acordado por unanimidad del Consejo de Administración de Inalsa».
A su vez, San Ginés subraya que «todos los contratos y pagos de Inalsa» durante el concurso solo podían ser aprobados y ordenados por los administradores concursales, pero «nunca por la dirección política, sustituida al frente de la empresa por orden judicial» y añade que los administradores establecieron que «los incidentes no tuvieran coste alguno para las arcas públicas», sino que se pagaran al abogado, «si una vez ganados, había condena en costas».
De este modo, el portavoz nacionalista sostiene que «ni Inalsa ha pagado casi un millón de euros, ni hay una aprobación indebida de 800.000 euros», porque las costas no eran «fondos público».
