Un informe de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias al que ha tenido acceso CC-PNC confirma, según la formación nacionalista en el Cabildo de Lanzarote, que el consejero de Sanidad de la corporación insular, Juan Manuel Sosa "ha cobrado de forma indebida 100.000 euros" en concepto de retribuciones desde el 30 de diciembre de 2019.

Sosa abandonó en esa fecha el grupo de CC-PNC en el Cabildo al que pertenecía tras el acuerdo electoral entre los nacionalistas y San Borondón, partido por el que se presentó el consejero en últimas elecciones, el cual es médico de profesión.

A finales de 2019 se incorporó al grupo de gobierno del Cabildo y la presidenta insular, María Dolores Corujo, lo nombró responsable de Sanidad como liberado en el pacto PSOE-PP. Esa situación provocó que el grupo nacionalista se quedara con 7 consejeros, uno menos de los que sacó en los comicios, y debilitara su posición a la hora de buscar acuerdos con otros partidos en el Cabildo para desbancar a Corujo, que ganó las elecciones.

CC critica que Corujo haya venido sosteniendo desde entonces que la situación laboral y el pago de las retribuciones de Sosa "no revestían ninguna irregularidad y que no era responsabilidad de la corporación que preside aclarar quién le paga y por qué". Recursos Humanos del Cabildo solicitó aclaración a Función Publica acerca de cuál es la administración que debía pagar a Sosa, si la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias o el Cabildo de Lanzarote.

"Hechos de extrema gravedad"

CC destaca que con el pronunciamiento de Función Pública “se ponen de relieve hechos de extrema gravedad que revelan el contubernio gubernamental y el gran engaño de la presidenta al pleno de la corporación y a toda la ciudadanía, denigrando a la institución y al propio ejercicio de la política hasta límites aberrantes".

En concreto, añade CC-PNC, el citado informe considera que “la administración competente para proceder al abono de las retribuciones de la persona interesada como consejero insular con delegación especial de Sanidad y Planificación Sanitaria, ha de ser el Cabildo Insular de Lanzarote desde el 30 de diciembre de 2019” y, “por tanto, no el Gobierno de Canarias como ha venido ocurriendo desde entonces por razones que desconocemos, incluso si sigue cobrando más de un año y medio después de renunciar a la portavocía de CC-PNC y perder ese derecho”.

Coalición Canaria teme que “la presidenta denigre aun más al Cabildo de Lanzarote, pretendiendo que sea la institución que preside quien, a la vista de dicho informe, libere ahora al consejero que la blinda en su gobierno, a sabiendas de que se trata de un consejero tránsfuga que debería estar en el Grupo de Consejeros No Adscritos y, por tanto, sin derecho a liberación alguna y que ha venido defraudando a la sanidad pública canaria más de 100.000 euros en cobros indebidos desde diciembre de 2019”.

En cualquier caso, y sin perjuicio de la actuación de Corujo, precisa CC-PNC, el informe de Función Pública no explica los motivos por los que “el Ejecutivo autonómico ha venido pagando al consejero tránsfuga desde diciembre de 2019 –suponemos que hasta hoy–, si tal y como se especifica en el mismo correspondería hacerlo en todo caso al Cabildo de Lanzarote desde entonces”.

CC teme que “la presidenta denigre aun más al Cabildo de Lanzarote, pretendiendo que sea la institución que preside, quien libere ahora al consejero que la blinda en su gobierno a sabiendas de que se trata de un tránsfuga"

Tampoco aclara si se ha iniciado el expediente de reintegro del dinero abonado y, por tanto, cobrado indebidamente por el consejero Sosa, “de quién a estas horas desconocemos igualmente si cumplió con su obligación de informar al Servicio Canario de Salud”, señalan los nacionalistas.

La formación nacionalista exige a Corujo y al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que aclaren "las numerosas dudas" que deja en el aire el referido informe de la Dirección General de Función Pública.

Entre otras cuestiones, los nacionalistas se preguntan si Sosa comunicó a Sanidad la pérdida de su condición de portavoz, “del mismo modo en que comunicó su nombramiento cuando en junio de 2019 ejercitó su derecho a seguir cobrando del Servicio Canario de Salud”; por qué Sanidad ha permitido que el consejero haya seguido en situación de servicios especiales a partir de diciembre de 2019 si desde entonces perdió ese derecho; y si la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha iniciado “el pertinente expediente de reintegro por cobros indebidos del funcionario Juan Manuel Sosa Rodríguez desde diciembre de 2019”.

En cualquier caso, CC-PNC advierte de que estará atenta a los acontecimientos y se reservará cuantas acciones estén en su mano para que se depuren responsabilidades.