Seis años después de la finalización de su instrucción, en 2016, arranca el juicio por los presuntos pagos irregulares realizados por el Ayuntamiento de Arrecife a las empresas Inelcon y Señalcon, de Carlos Lemes, entre los años 2008 y 2012. Este es el primero de los procesos del caso Montecarlo centrado en la etapa del exalcalde de Arrecife José Montelongo cuando era concejal de Hacienda. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha fijado el inicio del juicio para el 25 de abril de 2022 y prevé dejarlo visto para sentencia en 14 sesiones que se extenderán hasta el próximo 10 de junio, según informa La Voz de Lanzarote.

La causa sienta en el banquillo a doce personas, políticos, empresarios y trabajadores municipales, incluido el interventor, por pagos realizados con dinero público de manera irregular a las dos sociedades del empresario Carlos Lemes por valor de 3,6 millones de euros, pagos en los que figuran servicios no prestados y facturas infladas.

Se acusa a estas doce personas de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y falsedad en documento oficial y documento mercantil. Además de los pagos irregulares, entre ellos 757.675 euros a Inelcon y 84.119 euros a Señalcon por servicios no prestados, el escrito de acusación sostiene que «se fraccionaron contratos de forma ilegal» para poder realizar las adjudicaciones sin concurso. Así, llegaron a adjudicarse trabajos «de forma verbal y sin expediente alguno de contratación», según recoge el escrito de acusación.

Entre las facturas investigadas durante la instrucción del caso, hay servicios de electricidad para distintos festejos e intervenciones en parques, en señalética y semáforos de la ciudad, así como la organización de eventos como talleres de pintura facial, talleres de caretas de carnaval, globoflexia y muñecos animados para el carnavalito intantil de 2011.

De acuerdo con el escrito de acusación, realizado por el fiscal Ignacio Stampa, en la investigación se halló «multiplicidad de facturación por los mismos conceptos», es decir que pasaron al cobro facturas por los mismos servicios o conceptos en varias ocasiones. También se encontró que se habían abonado «facturas por servicios que nunca se prestaron, incluso con el incremento del 22% en su importe». 

Entre los doce acusados, además de José Montelongo, figura el interventor Carlos Sáenz, implicado en todas las piezas anteriores que han sido juzgadas del caso Montecarlo, relacionadas con los Ayuntamientos de Arrecife, San Bartolomé y La Oliva, en Fuerteventura. 

«A sabiendas»

El fiscal detalla que muchas de las facturas se abonaron a través de reconocimientos de crédito «a pesar de las advertencias del tesorero del Ayuntamiento». Por ello, sostiene que Montelongo, concejal de Hacienda, y el interventor Carlos Sáenz, incluían en el listado de facturas a pagar las de estas dos empresas, “a sabiendas de que habían sido indebidamente reconocidas previamente por el Ayuntamiento, y por importes notablemente excesivos e indebidos, dado su fraccionamiento”. Asimismo, reconoce que «no consta suficientemente acreditado que cada uno de los concejales que votaron a favor de los acuerdos lo hiciera a sabiendas de su arbitrariedad y del correlativo expolio de fondos públicos».

Debido al periodo que abarca la investigación, en el que hubo un cambio de gobierno en Arrecife, en la causa hay imputados varios concejales de Hacienda, Festejos y Obras de distintos partidos.

¿Quién es quién de los encausados?

José Montelongo

  • El exalcalde de Arrecife, del PSOE, era concejal de Hacienda cuando se cometieron los presuntos delitos que se van a juzgar en abril de 2022. La Fiscalía pide para él cinco años y medio de prisión y nueve años y medio de inhabilitación, así como la devolución al Ayuntamiento, de forma solidaria, de 359.458 euros.

Carlos Sáenz

  • Interventor de los ayuntamientos de Arrecife, San Bartolomé, Teguise y La Oliva cuando cometió los presuntos delitos por los que se le juzga. La Fiscalía solicita para él seis años de prisión y diez de inhabilitación absoluta, además de una indemnización de 841.749 euros, de forma solidaria con otros acusados. La cantidad establecida es el coste que se atribuye a los servicios no prestados.

Isabel Martinón

  • Fue concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife por el Partido Nacionalista de Lanzarote en una parte del periodo que se juzga. La pena que se pide para ella es de cinco años y tres meses de prisión y nueve de inhabilitación absoluta, así como una indemnización de 101.374 euros.

Víctor Sanginés

  • Uno de los concejales de Festejos durante el periodo que se juzga. La Fiscalía demanda para el político socialista cinco años de cárcel y ocho y medio de inhabilitación, así como una indemnización de 76.085 euros.

Eduardo Lasso

  • Otro de los concejales de Festejos. En este caso, del PIL. La solicitud de pena es de cinco años de prisión y ocho y medio de inhabilitación, e incluye el pago de 102.297 euros.

Alberto Juan Morales

  • Socialista, era concejal de Obras y Servicios. La petición de pena es de cinco años de prisión y ocho y medio de inhabilitación, y también 88.284 euros de indemnización.

Carlos Lemes

  • Empresario. La Fiscalía pide seis años de prisión y diez de inhabilitación absoluta, además de la devolución de 841.749 euros, de los que 757.675 fueron facturados por Inelcon y 84.119 por Señalcon.

Miguel Ángel Leal

  • Animador sociocultural del Ayuntamiento, dio el visto bueno a varias facturas. Por ello, la Fiscalía le reclama cinco años de prisión y ocho y medio de inhabilitación, además del pago de 65.887 euros.

José Nieves Caraballo

  • Técnico, coordinador del área de Festejos del Ayuntamiento de Arrecife. Su demanda de pena se eleva a cinco años y tres meses de prisión y nueve de inhabilitación, a lo que hay que añadir 168.896 euros de indemnización.

Penélope Tabares García

  • Técnico de la Concejalía de Obras y Servicios, se le pide cinco años de prisión, ocho y medio de inhabilitación y la cantidad de 79.639 euros.

José A. Cabrera Moreno

  • Funcionario que intervino en la autorización de pagos por valor d e29.092 euros. Por ello se le solicita que responda con una cantidad similar, así como cuatro años y nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación.

Isidro Hernández Fuentes

  • Subalterno del Ayuntamiento en la época en que se produjeron los presuntos delitos. Por su parte, dio el visto bueno a pagos por valor de 58.731 euros. La Fiscalía le reclama justo esa suma y requiere una pena de cuatro años y nueve meses de prisión, así como ocho años de inhabilitación.