Las administraciones públicas de Lanzarote preparan un frente común contra la instalación de jaulas marinas en su litoral y exigen la paralización de los proyectos previstos en la Isla.

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha mantenido una reunión con los alcaldes y representantes de Arrecife, Tías y San Bartolomé, así como de las Cofradías, Cámara de Comercio y patronal para definir los próximos pasos que muestren que «el rechazo de la isla de Lanzarote a la instalación de este tipo de estructuras en nuestro litoral es rotundo porque choca frontalmente con el modelo de desarrollo turístico, sostenibilidad, respeto al ecosistema y a los fondos marinos que caracteriza a nuestra isla». Varios ayuntamientos ya habían expresado su protesta ante la decisión del Gobierno regional de permitir su instalación.

Según Corujo, el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), aprobado en 2018 con la conformidad del anterior grupo de gobierno del Cabildo bajo la presidencia de Pedro San Ginés, ordena las zonas con posibilidad de uso acuícola en Canarias, y afecta de manera directa al litoral de los municipios de Arrecife, San Bartolomé y Tías».

Decisión desacertada de CC

La presidenta insular define el plan como «una decisión desacertada por parte del Gobierno regional anterior, liderado por Fernando Clavijo» y, en este sentido, Dolores Corujo añade que «tomaremos todas las medidas políticas, sociales y jurídicas necesarias para paralizarla».

El Cabildo de Lanzarote, conjuntamente con las instituciones participantes en la reunión, continuará con el trabajo que se inició durante el proceso de alegaciones, trasladará el debate al Parlamento e instará al Gobierno de Canarias para que busque la fórmula jurídica para terminar con esta situación. «Reconocemos que es una decisión adoptada por el anterior ejecutivo pero el actual, tiene que dar una solución urgente y efectiva», añadió.

La corporación insular actuará a través de sus servicios jurídicos y técnicos para evitar que las próximas generaciones se encuentren con este problema de sostenibilidad e incertidumbre. «Será la justicia la que deba pronunciarse porque hay un valor clave en política que es el respeto a las decisiones de la sociedad insular», concluyó la presidenta de la institución insular.