La Fiscalía de Arrecife-Puerto del Rosario solicita penas de entre dos y cinco años a seis acusados por un delito continuado de falsedad documental y estafa a varias entidades financieras de Lanzarote, aunque a uno de ellos también le acusa de un delito contra la seguridad vial y dos contra la Administración de Justicia. Además, tendrán que abonar 410.568,21 euros a los afectados y hacer frente a multas o a penas de prisión si no las pagan.
Los hechos por los que Fiscalía pide la apertura de juicio oral al Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, ocurrieron entre abril y septiembre de 2011. Durante esos meses, según el escrito de acusación, los investigados -I.R. M., N.A.P., M.M.D., J.L.R.R., U.M.D., y J.A.R.V cometieron varios delitos de falsedad continuada en documento mercantil y estafa a varias entidades financieras radicadas en Lanzarote por una serie de importes que suman un total de 410.568,21 euros y que Fiscalía reclama sean pagados por los seis acusados de estos delitos.
La forma de actuar de los investigados, donde I. R, M. realizó con ayuda de los otros múltiples operaciones de compra-venta de vehículos, electrodomésticos y mobiliario para hogar. Para ello, según el escrito de acusación, se hacían «pasar por terceras personas, para lo cual se servía de diferente documentación previamente falsificada por dicho acusado [I. R. M.], o utilizando para la ejecución de su plan criminal a diversas personas de su entorno que cooperaban con él en la elaboración de dichos documentos y en las compras, y con las que estaba previamente concertado para ello, suscribió diversos contratos de préstamo de financiación a comprador de bienes muebles con distintas entidades financieras, a sabiendas de que en ninguno de los casos iba a llevar a cabo los correspondientes pagos de los efectos financiados, por cuanto los vendía a terceros».
Esta operación la realizaba para ingresar dinero en efectivo «y antes de que las entidades financieras pudieran inscribir su reserva de dominio».
Asimismo, a este investigado se le imputa un delito contra la seguridad vial por conducir sin tener permiso y a excesiva velocidad y otros dos por intimidación.
