El juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja arrancó ayer y el momento más tenso de la primera jornada se ha vivido cuando Pedro San Ginés estaba siendo interrogado por el abogado de otro de los acusados, el exsecretario Francisco Perdomo. Así, al igual que ocurrió en el primer juicio que se terminó suspendiendo hace un año, se ha vuelto a evidenciar el choque en la estrategia de defensa de ambos procesados: San Ginés asegura que adoptó la decisión asesorado por el secretario, mientras que este niega haber participado, informa La Voz de Lanzarote.
El cambio respecto a la primera vista ha sido que San Ginés sí aceptó contestar a las preguntas de la fiscal -aunque se siguió negando a responder a las de la acusación popular-, mientras que Perdomo optó por no declarar y se remitió a lo que ya declaró en su día. En esa declaración, el exsecretario negó haber emitido ningún informe avalando la incautación -ni escrito ni verbal-, y aseguró que solo habló “en una ocasión” sobre el tema con el entonces presidente. “Yo no había estudiado el expediente ni conocía las interioridades”, puntualizó, asegurando que no se le pidió “ningún informe”.
Sin embargo, San Ginés insistió en que contó en todo momento con el asesoramiento de Francisco Perdomo. Eso sí, lo que hace un año calificó como “informe verbal”, ahora lo definió como “asesoramiento verbal”. Además, declaró que si no le pidió un informe por escrito fue porque el secretario le indicó que no hacía falta. “Ahora dice que no lo recuerda, pero me dijo que no era necesario”, aseguró San Ginés, que también insistió en que fue Perdomo quien le dijo que no necesitaba autorización judicial para incautar una propiedad privada, que incluía tanto la desaladora como una depuradora, oficinas y hasta una vivienda que ocupaba el vigilante de las instalaciones.
Perdomo, que durante la instrucción declaró que él no hubiera adoptado una decisión así sin un informe jurídico previo, guardó ayer silencio, pero quien habló por él fue su abogado, al dirigir sus preguntas a San Ginés. “¿Sabía que iba a ser una medida controvertida y compleja, y aún así no consideró necesario pedir un informe por escrito?”, cuestionó.
“No. No lo consideró el asesor jurídico del Consejo, que firmó conmigo la resolución”, respondió el expresidente, apuntando de nuevo al secretario y subrayando que el decreto por el que ordenó incautar las plantas también llevaba la rúbrica de Francisco Perdomo. Esto mismo lo ha repetido en varias ocasiones, implicando a Perdomo en una medida en la que éste sostiene que no participó.
Tampoco supo responder quién redactó esa resolución elaborada a su nombre y se limitó a señalar que se la llevó “su secretaria” para que la firmara. Justo antes de adoptar esa medida, San Ginés retiró las competencias sobre los expedientes sancionadores a la consejera Soraya Brito.
El expresidente recordó que fue un vecino quien comienza denunciando a Club Lanzarote y que varios organismos advierten que esta podría estar incurriendo en delito con los precios del agua, informa Televisión Canaria. El expresidente afirmó ante el tribunal que se pidió a la empresa que cesara las actividades de forma pacifica. Ante la negativa, se decidió proceder a la incautación sin necesidad de autorización del juez porque no era necesaria. San Ginés afirmó que no se podía interrumpir el servicio a los vecinos por lo que se procede encomendar el servicio a Canal Gestión.
El tercer acusado en la causa, el exgerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, fue el último en declarar. Fue quien propuso abrir un expediente sancionador a Club Lanzarote por esas tres faltas leves y una menos grave, aunque no proponía la incautación, subrayó. De hecho, tampoco quiso pronunciarse sobre si esa medida ordenada por San Ginés era acertada. “En eso no voy a entrar. Ni me parece bien ni me parece mal. Sí sé que el problema era muy complejo”, declaró. Como gerente del Consejo fue quien materializó esa orden e intervino en la entrega de las plantas a Canal Gestión.
