El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado al Ayuntamiento de Teguise, mediante diligencia de la letrada de la Administración de Justicia, que informe en el plazo de dos meses “del resultado del plazo otorgado a la Promotora Coliseum Real Estate S.L.U. para la presentación del proyecto de demolición de la construcción existente y limpieza del terreno en la parcela 242-B de Costa Teguise”, ha informado este jueves el Cabildo de Lanzarote.
El referido requerimiento judicial se ha producido como consecuencia de la "intensa actividad judicial" que está desarrollando el Cabildo para garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias que pusieron coto a la generalizada indisciplina urbanística de los ayuntamientos de Teguise y Yaiza a raíz de la aprobación de la moratoria turística del Cabildo, vigente entre los años 2000-2010.
Según explica la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, "con este nuevo requerimiento, el TSJC deja una vez más en evidencia la política seguida por Oswaldo Betancort [alcalde de Teguise] a lo largo de toda su etapa como alcalde de Teguise pues, a pesar de sus continuas declaraciones, los requerimientos judiciales demuestran que solo actúa cuando se le requiere judicialmente y se le imponen sanciones”.
Corujo ha recordado que Betancort ha pasado por varias fases: "primero tuvo la ocurrencia de hacer un concurso para 'decorar' los esqueletos, como si fueran obras de arte cuando son realmente la huella de la grosera corrupción urbanística de su partido; luego apostó por su regularización a través del Plan General, lo que hubiera supuesto una prevaricación de libro; después, en un arranque de supuesta dignidad y heroísmo fingido, dijo que prefería que se le sancionara antes que ocasionarle gastos al Ayuntamiento, una mentira flagrante pues, por fin, se ha dirigido a la propiedad para que presente el proyecto de demolición que le requiere con este escrito el TSJC, algo que no cuesta ni un euro al Ayuntamiento”, ha explicado Corujo.
El pasado mes de junio, según informó el PSOE de Teguise, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC remitió una diligencia al Ayuntamiento de Teguise que ordenaba al alcalde a identificar al responsable del cumplimiento de la sentencia de fecha 31 de octubre de 2005, que anuló la licencia correspondiente a la parcela 214 de Costa Teguise. A su recordó recordando que impondría multas coercitivas de hasta 1.500 euros “a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan las resoluciones de este Tribunal” y advertía de que se podrían exigir responsabilidades de carácter penal.
