El expresidente del Cabildo de Lanzarote y portavoz adjunto del Grupo CC-PNC en esa institución, Pedro San Ginés, ha dado a conocer este lunes tras conocerse que deberá declarar mañana en el Juzgado de Instrucción Nº2 de Arrecife por presuntos delitos de malversación y cohecho, entre otros, en la causa que investiga los pagos millonarios a su amigo abogado Ignacio Calatayud por el concurso de acreedores de Inalsa, que la presidenta de la Corporación Insular, María Dolores Corujo (PSOE) en calidad de presidenta del Consorcio Insular de Aguas y de la empresa Inalsa ha denunciado a San Ginés -y no el partido político Podemos, como se creía en un principio- por el “supuesto enriquecimiento, a través de las costas procesales cobradas por el letrado Ignacio Calayatud; por supuesto trasvase de fondos hacia mi patrimonio particular desde las cuentas o el entorno familiar del citado letrado; y, en particular, por la supuesta dádiva de haberme pagado o facilitado la posesión de mi vivienda”.
A raíz de dicha denuncia, recuerda San Ginés tras levantarse el secreto de sumario del procedimiento, se desarrolló “la espectacular operación policial que dio la vuelta a Canarias, digna de un alto capo de la mafia y el crimen organizado, ordenada por el juez Jerónimo Alonso; que ha supuesto que Dolores Corujo y su lugarteniente Carlos Espino hayan logrado su doble objetivo”.
En primer lugar, explica San Ginés, “mediante el escarnio público ante semejante y descomunal despliegue policial solicitado por parte de su señoría –tanto de refuerzos humanos para la macrocausa, como al parecer de escolta para su protección personal por 'amenazas de mi entorno'–, generando lógicas dudas entre la ciudadanía, mi propia formación política y mi entorno social, e incluso familiar”.
En segundo lugar, prosigue el expresidente nacionalista, “impidiéndome en la práctica el ejercicio de un derecho fundamental como es el de cargo público que ostento democráticamente, privándome desde hace ya más de cinco meses de la totalidad de las herramientas de trabajo a que tengo derecho, como teléfono, iPad, bloqueo de mi correo electrónico y redes sociales, etc., amén del estrangulamiento económico total y absoluto, dejándome sin recursos ni siquiera para mi mera subsistencia y manutención básica, y todo ello sin prueba alguna de mis supuestos delitos”.
Tras confirmar, por una parte, que la instrucción de esta causa por parte del juez Jerónimo Alonso no obedece, como se creía, a la denuncia de Podemos en julio de 2021 ante Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dado que el fiscal jefe de la misma, a quien la delegación de Las Palmas de dicha Fiscalía Especial había sometido la denuncia a consideración, resolvió que los hechos no resultaban de su competencia “por no revestir la especial trascendencia que determina su asunción por la Fiscalía Especial”, resolución de la que se dio traslado a los denunciantes, archivando la denuncia el día 7 de julio de 2021.
Por otro lado, según San Ginés, días después Dolores Corujo, “con toda seguridad conocedora de lo anterior, interpuso similar denuncia el día 3 de agosto como presidenta del Consorcio Insular de Aguas e Inalsa, que casualmente volvió a recaer en el Juzgado Nº 2 de Arrecife del que es titular el magistrado Jerónimo Alonso, la enésima que me recae en el mismo juzgado".
Añade que “tras comprobar que Podemos insistió el 11 de agosto en la denuncia, pero esta vez ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas, de tal forma que Jerónimo Alonso acumuló para sí la causa dejando así de ser investigada por la Fiscalía”.
San Ginés reitera lo que ya aseguró el pasado 29 de marzo tras el registro de su casa, en el sentido de que “no existe ningún vínculo entre mi patrimonio y los fondos de Calayatud, que todos los pagos de mi casa fueron legítimos y de fondos propios, y que no encontrarían nada de lo que buscaban porque no existía”.
Informes de la UCO
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil enviados al juzgado antes del registro del domicilio de San Ginés el 28 de marzo pasado, "tras meses de minuciosa y extensa investigación en secreto, ya venían a corroborar cuanto dije entonces, pese a lo cual se autorizó el citado registro", señala el político nacionalista.
"El mero hecho de que el investigado D. Pedro San Ginés, disfrute de dicha vivienda como domicilio habitual, no acredita que el mismo lo haga como contraprestación a los ingresos obtenidos, supuestamente de manera ilícita por parte del letrado, Ignacio Calatayud”, recoge la UCO en su informe, según San Ginés.
Añade que “si bien se ha podido acreditar que las costas judiciales fueron abonadas en cuentas vinculadas al letrado y su esposa, a día de la fecha, no se ha podido descubrir la existencia del pago de contraprestación alguna a favor del cargo público”.
Además, sobre "la ausencia de registro de mi vivienda en el Registro de la Propiedad, dicen que “dicha falta de normalidad no incurre en ilegalidad”. San Ginés recuerda que “el registro es algo voluntario y por tanto es completamente legal no hacerlo, o hacerlo cuando lo estime oportuno”.
Conclusiones
“En relación a D. Pedro San Ginés Gutiérrez, tras el estudio de todos sus productos bancarios, no se puede concretar que el mismo haya recibido mediante dicha vía, contraprestación alguna procedente del núcleo familiar vinculado a Ignacio Calatayud y su mujer”, sostienen las conclusiones de la UCO, insiste San Ginés. Finalmente, aporta que “igualmente, tras el análisis de la información obtenida sobre el resto de investigados vinculados a la mercantil Adelfas, 24, SL (propietaria de la vivienda adquirida), no se obtienen indicios que demuestren que Pedro San Ginés haya recibido, por parte de estos, contraprestación alguna”.
San Ginés ahonda en que "todos los pagos que he abonado por esa vivienda son lícitos y procedentes de recursos propios o formalmente adeudados, habiendo pactado en 2011 un precio de la misma incluso muy por encima de su valor catastral y de mercado de entonces".
