San Ginés: "Pagué un precio por mi casa superior al real y no he recibido dádivas del abogado Calatayud"

Con estas explicaciones, a su juicio, desmonta «muchas de las conjeturas de los autos judiciales», al tiempo que aclara «muchas dudas» y revela al detalle «cómo, cuándo y cuánto» pagó por su casa. Esta misma información es la que dio el pasado 30 de agosto al juez del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, que investiga el millón de euros abonado al abogado Ignacio Calatayud, amigo de San Ginés, por las costas del concurso de acreedores de la empresa pública Inalsa. Las sospechas en torno a la adquisición de su casa nacen del hecho de que San Ginés compró el inmueble a una empresa del exsuegro de Calatayud.

En su exposición, San Ginés reiteró que el origen de esta investigación es una denuncia contra él por parte de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo. “Según ella, Ignacio Calatayud o su entorno me pagaron o regalaron mi casa como contrapartida por contratarle y haber cobrado importantes costas procesales”, recordó.

«Tras esa denuncia, un ejército de guardias civiles enviados por el juez entró en mi casa buscando pruebas del presunto delito del que me acusó la señora Corujo obteniendo así, desde mi punto de vista, la imagen mediática que buscaba y que dio la vuelta a Canarias con la indudable intención de impedir que me pueda presentar a los próximos comicios electorales», relató. Asimismo, considero que «ese y no otro» era el objetivo pretendido por la presidenta del Cabildo, de quien dijo que es «una persona sin bagaje alguno en su gobierno y a quien solo le importa conservar el poder a base de eliminar a sus adversarios y convertir la política en un permanente teatro de relatos y fotos que en nada mejoran la vida de las personas».

"La UCO encontró 500 euros en mi casa y un mes antes del registro concluía que no existía ningún nexo entre Calatayud y su entorno con mi patrimonio"

«Tal como ya le declaré a su señoría, y toda vez que los propios informes de la Guardia Civil –que encontraron 500 euros– ya concluían un mes antes de entrar en mi casa que no existía ningún nexo entre Calatayud y su entorno con mi patrimonio, no tendría que dar ninguna explicación, ni a él, ni la UCO y mucho menos a Dolores Corujo, de cuál es el origen de los pagos de mi vivienda, porque eso no está denunciado y por tanto no es lo que se investiga», subrayo San Ginés 

Sin embargo, destacó el actual portavoz nacionalista que se siente en la obligación moral de aclarar el asunto a la ciudadanía porque era presidente entre los años 2011 y 2020 en los que pagó su vivienda. También, reconoció, «porque han logrado sembrar una duda razonable». «Por eso y, por supuesto, porque tengo derecho a limpiar mi nombre de tanta infamia», añadió.

El expresidente insular señala que abonó 265.000 euros por transferencia bancaria y 95.000 euros en efectivo, "todos legítimos y endeudándome para pagarla"

Explicó que el precio de compraventa de su vivienda, pactado en diciembre de 2011, fue de 360.000 euros, “por encima incluso de su valor catastral que en 2012 era de 222.000 euros, según los propios informes de la UCO, e íntegramente abonados con fondos propios, disponibles o formalmente adeudados, entre diciembre de ese año y febrero de 2020”.

Asistentes a la rueda de prensa que ofreció este miércoles San Ginés en Arrecife para aclarar la compra de su vivienda. LP/DLP

En este sentido, aclaró San Ginés que, «cuando se pacta el precio en 2011, se acuerda con la propiedad de entonces realizar una entrega a cuenta en efectivo de 60.000 euros», algo que hizo tras comprobar que «no existía ninguna prohibición o impedimento legal» para ello. Al vencimiento de este primer contrato, y en sucesivas ocasiones, detalló que renegociaron las condiciones de pago, pero nunca el precio de la vivienda. Así pues terminó pagando lo acordado, 360.000 euros, endeudándose para abonar la cantidad.

La vivienda no está en el Registro

Sobre los motivos para no registrar la compra de la vivienda adquirida, el expresidente del Cabildo de Lanzarote manifestó que «no es un trámite obligatorio» y, por lo tanto, es legal no hacerlo y, de hecho, los informes de la UCO al respecto también concluyen que «esta falta de normalidad no incurre en ilegalidad». Al respecto añadió que «el contrato contiene una cláusula con una reserva de dominio que impide la elevación a público de la compraventa hasta que estuviera completamente abonada, cosa que no ocurrió hasta 2020».

Cuestionado sobre el motivo por el cuál no incorporó la adquisición de la vivienda a su declaración de bienes del Cabildo de Lanzarote, algo a lo que están obligados los cargos públicos de la corporación, San Ginés explicó que cuando hizo la declaración en 2019, aún no había terminado de pagar la casa y, por tanto, según el propio contrato, no era de su propiedad entonces. «Entiendo que solo tengo obligación de declarar mis bienes al principio del mandato y al final para determinar cuál ha sido mi incremento patrimonial», concluyó.