La Audiencia de Las Palmas ha cerrado el cuarto de los juicios abiertos en Lanzarote por la trama de corrupción conocida como "caso Montecarlo" con solo dos condenas, las del exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife Carlos Sáenz Melero y la exconcejal de Hacienda de la misma ciudad Isabel Martinón, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL).
En cambio, el tribunal ha absuelto a los otros diez procesados: un empresario, cinco empleados municipales y cuatro antiguos exconcejales, entre los que figuraba el exalcalde de Arrecife José Montelongo, del PSOE.
La sentencia, hecha pública este viernes, impone condenas de inhabilitación tanto a Carlos Sáenz como a Isabel Martinón, de cuatro años y tres meses y de siete años, respectivamente, pero ambos son absueltos de los cargos de malversación por los que se enfrentaban al principio de juicio a peticiones de hasta seis años de cárcel.
El interventor Carlos Sáenz, condenado ya en varios procedimientos por acusaciones similares (desviar fondos públicos de ayuntamientos de Lanzarote), reconoció durante el juicio, esta primavera, parte de las irregularidades que le imputaba la Fiscalía de Canarias.
Ahora, la Audiencia de Las Palmas declara probado que firmó documentos contables de reconocimiento de deudas y órdenes de pago a favor de las empresas Instalaciones Eléctricas Conejeras (Inelcon) y Señalizaciones Eléctricas Conejeras (Señalcon), ambas administradas por el acusado Carlos Lemes, "faltando a los deberes inherentes a su cargo" como interventor del Ayuntamiento de Arrecife.
Dice el tribunal que algunas de esas facturas no se debieron tramitar como contratos menores, "sin comprobar si existía o no fraccionamiento de la prestación o sin comprobar, en suma, si la documentación que obraba en el procedimiento se correspondía con los requisitos establecidos en la legislación".
En el caso de Isabel Martinón, se considera acreditado que ordenó como concejal de Hacienda el pago a Inelcon tres facturas por un valor total de 55.566 euros, "con pleno conocimiento de los defectos de los que adolecía su tramitación, al haber sido advertida de ello" en un informe.
Sin embargo, el tribunal también admite que "la totalidad de las facturas" que constituyen esta pieza del caso Montecarlo "se corresponde con obras o servicios efectivamente prestados" y que el resto de los concejales o técnicos municipales encausados en este juicio "estamparon su firma" en ellas "previa comprobación de haberse ejecutado la prestación" (el servicio o la obra contratados).
La Fiscalía sostenía que los acusados se habían concertado para cometer un "expolio" al Ayuntamiento de Arrecife, al que, según su tesis, habrían sustraído hasta 842.000 euros.
La Audiencia de Las Palmas no comparte que así ocurriera. De hecho, falla que no hay pruebas de que el interventor de Arrecife, varios concejales y algunos empleados municipales "se confabularan para obtener indebidamente y en provecho de las mercantiles referidas cuantiosos pagos procedentes del Ayuntamiento de Arrecife en perjuicio de este y sin tener derecho a dicho abono".
A partir de esos hechos probados, la Audiencia solo acepta los cargos de prevaricación formulados contra Carlos Sáenz Melero e Isabel Martinón, porque firmaron trámites contraviniendo la ley a sabiendas de ello, pero rechazada que cometieran malversación.
Con la misma lógica de hechos, la sentencia exonera de todas las acusaciones al resto de procesados: el empresario Carlos Lemes, los exconcejales José Montelongo (PSOE), Eduardo Lasso (PIL), Víctor San Ginés (PSOE) y Alberto Morales (PSOE) y lo empleados y técnicos municipales José Nieves, Miguel Ángel Leal, Penélope Tabares, José Antonio Cabrera e Isidro Hernández.
