El Gobierno de Canarias asume competencias de evaluación ambiental de Yaiza para agilizar la ordenación urbanística
La aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas que fija la Ley del Suelo
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aceptado, en su sesión de hoy, la delegación del Ayuntamiento de Yaiza en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, de la competencia para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como la competencia para la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Ayuntamiento.
La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en dicha Ley.
El Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico, introduciendo un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno de Canarias.
La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias y más concretamente en una de sus Comisiones: la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental. Se trata de un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental.
Hasta el momento, se han asumido 24 delegaciones de este tipo, repartidas entre evaluación ambiental estratégica de planes y programas y evaluación de impacto ambiental de proyectos (tanto de ayuntamientos como de cabildos). Se encuentran en trámite otras cuatro delegaciones de corporaciones locales de las islas.
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