La huelga de letrados de la Administración de Justicia obliga a aplazar el último juicio de Montecarlo

La pieza del caso Montecarlo relacionada con los pagos a la empresa Tunera Producciones por parte del Ayuntamiento de Arrecife cuyo comienzo estaba previsto este martes en el Palacio de Justicia de Arrecife con la sesión de las cuestiones previas, ha sido aplazada con motivo de la huelga de letrados de la Administración de Justicia.

El juicio había sido programado para las jornadas del 31 de enero y 1, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de febrero. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han confirmado que se reanudará el próximo 7 de febrero.

La Sección I de la Audiencia Provincial de Las Palmas sienta en el banquillo de los acusados al exinterventor municipal, Carlos Sáenz, los concejales en el momento de los hechos José Montelongo (Hacienda, PSOE), Lorenzo Lemaur (Cultura y Barrios, PP), Isabel Martinón (Hacienda, PNL), Eduardo Lasso (Festejos, PIL) y Víctor Sanginés (Festejos, PSOE), al empresario Eduardo Ferrer y a los trabajadores municipales Miguel Ángel Leal, Blas Cedrés, José Nieves y Francisco Hernández. Ninguno de los ediles investigados ostenta cargos públicos en la actualidad.

Inicialmente estuvo investigado en este mismo procedimiento el exalcalde Cándido Reguera (PP), pero con fecha de 9 de febrero de 2015 se dictó auto de sobreseimiento libre parcial debido a que murió en enero de ese mismo año. Reguera fue alcalde de Arrecife entre los años 2009 y 2012.

En el banquillo de los acusados se sientan, entre otros, el exinterventor Carlos Sáez y los ediles José Montelongo, Isabel Martinón, Lorenzo Lemaur, Eduardo Lasso y Víctor Sanginés

En esta causa, la última pieza del caso Montecarlo, se juzgan presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos relacionados con pagos realizados a Tunera Producciones entre los años 2009 y 2012 por servicios, adjudicados de forma verbal y sin expedientes de contratación previos, que supuestamente se cobraron y no se prestaron. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, esa situación colocó a la empresa "en una posición privilegiada y de cuasi exclusividad", en "perjuicio de la libre concurrencia".

De los 3,2 millones de euros que cobró Tunera Producciones en esos cuatro años, alrededor de 122.000 euros no constan como servicios realizados. El objeto social de Tunera Producciones es, entre otros, la compraventa de aparatos audiovisuales, la organización de encuentros sociales, la explotación y montaje de instalaciones eléctricas y la explotación de bares y cafetería.

Los encargos a Tunera Producciones estaban relacionados con el Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la Concejalía de Barrios del Ayuntamiento de Arrecife para estudio y contratación del mismo, el Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de los Centros socioculturales de Arrecife, el Proyecto de apoyo y desarrollo de las acciones y programas de la Concejalía de Barrios, el Festival Malpaís y las fiestas de San Ginés.

Las penas que solicita la Fiscalía para cada uno de los acusados oscilan, dependiendo de los delitos, entre los seis y los tres años de prisión.

"Abonos a sabiendas de la ilegalidad"

Según el relato de la Fiscalía, “mediante el fraccionamiento de la facturación que se presentaba, la empresa creaba la apariencia de la legalidad de los supuestos servicios prestados y vinculados a las áreas municipales de Festejos o Cultura, y eran abonados por el Ayuntamiento a sabiendas de su ilegalidad, en cuantías cuya determinación sólo dependía del capricho del proveedor y de los responsables de la custodia de los fondos públicos, sin que conste que se acreditara por los responsables municipales el cumplimiento de los servicios en los términos que se facturaban, y sin que se pusiera traba alguna al abono de las cantidades reclamadas por la mercantil”.

Absolución de parte de los acusados

En octubre del pasado año, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas absolvió en la causa del caso Montecarlo relacionada con los pagos a las empresas Inelcon y Señalcon por parte del Ayuntamiento de Arrecife a nueve de los once acusados en ese procedimiento. La sentencia condenó al exinterventor Carlos Sáenz, a cuatro años y tres meses de inhabilitación, y a la exconcejal de Hacienda Isabel Martinón (PNL) a siete años de inhabilitación. Ambos están condenados por prevaricación administrativa por la forma en la que se autorizaron algunos de los pagos.

En cambio, resultaron absueltos, los exdiles José Montelongo, Víctor San Ginés, Eduardo Lasso y Alberto Morales el empresario Carlos Lemes y los trabajadores municipales Penélope Tabares, Miguel Ángel Leal, Isidro Hernández y José Nieves.