El Cabildo de Lanzarote se opone a una piscifactoría por afectar a la sostenibilidad de la Isla

Acuerdo contra la concesión para el cultivo de dorada, lubina y atún atlántico

v Sostiene que el permiso del Gobierno colisiona con un espacio natural

Piscifatoría en zona marina para el cultivo de pescado. | | LP/DLP

Piscifatoría en zona marina para el cultivo de pescado. | | LP/DLP / LA PROVINCIA/DLP

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha subrayado la «firmeza» y «rigor jurídico» que esgrime la institución insular «para defender los intereses ciudadanos y las competencias del Cabildo», en su lucha conjunta contra modelos de desarrollo que «atentan contra las políticas de sostenibilidad» que defiende la sociedad lanzaroteña de progreso. Se refiere así la presidenta a resolución que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote, donde se formula requerimiento previo a la vía judicial Contencioso Administrativa a la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Dirección General de Pesca, en relación al procedimiento de concesión de actividad acuícola en la costa lanzaroteña, un expediente sometido a información pública a finales del pasado mes en el Boletín Oficial de Canarias.

Tal y como detalla el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Corporación, Andrés Stinga, «en esta Resolución esgrimimos los argumentos jurídicos que avalan al Cabildo para exigir la nulidad de pleno derecho de esta concesión dictada por un órgano manifiestamente incompetente en la materia; que sitúa además la actividad en un lugar que entra en colisión con espacios naturales protegidos de nuestra Isla. Y haciéndolo, igualmente, a través de un período de exposición pública donde se obliga a la presencia física en otra isla de los interesados para recurrir tal autorización», especifica Stinga sobre algunos de los preceptos legales que el Cabildo pone sobre la mesa en el requerimiento previo que acaba de aprobar. Sobre el expediente que somete a información pública el proyecto presentado por la empresa Yaizatún, S.A., para el otorgamiento de una concesión en la zona de interés acuícola situada en el ámbito geográfico marino de la ZIA-LZ-2, y una vez que la Dirección General de Pesca ha aportado a solicitud del Cabildo lanzaroteño este proyecto de cultivo de dorada, lubina y atún atlántico en aguas de la Isla, la institución que preside María Dolores Corujo advierte en su requerimiento previo a la vía judicial que los Cabildos Insulares, tras la reforma operada en nuestro Estatuto de Autonomía en el año 2018, participan de la función ejecutiva autonómica ejerciendo funciones ejecutivas titularidad de la Comunidad.

La concreción de las materias sobre las que los Cabildos ejercerán funciones ejecutivas autonómicas viene de la mano de su artículo 70.2, en virtud del cual se relacionan, entre otras, la acuicultura y los cultivos marinos. Argumenta que los permisos otorgados por Pesca invaden las competencias que la reforma del Estatuto otorgó a los Cabildos, algo que supuso un salto cualitativo en su capacidad ejecutiva. Los razonamientos jurídico sobre las competencias estatutarias insulares en materia de concesiones acuícolas concluyen que habría de decretar nulos de pleno derecho los actos que se dicten por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio.