Absuelto un okupa en Canarias porque el complejo de viviendas está a medio construir y abandonado

El complejo de viviendas a medio construir situado en la calle Austria, próximo al Faro de Pechiguera, en Playa Blanca (municipio de Yaiza), se ha convertido en uno de los mayores asentamientos de okupas en Lanzarote. Según datos del Ayuntamiento de Yaiza, unas 120 personas residen en los inmuebles cuya construcción lleva varios años paralizada y en situación de abandono.

La mayoría de los inmuebles pertenecen a la entidad Coral Homes S.L., que ha denunciado la usurpación de las casas de su propiedad en ese residencial por parte de varias familias.

Una sentencia del Juzgado de Instrucción Nº2 de Arrecife le ha dado la razón a uno de los okupas denunciados por un delito leve de usurpación al considerar que “no ha habido una intención directa por la parte denunciante de darle el uso consustancial al inmueble en cuestión, por más que, obviamente, sea legítimo el interés económico que pueda tener en su arrendamiento o su venta”.

Urbanización de okupas próxima al Faro de Pechiguera, en Playa Blanca (Yaiza)

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No obstante, en el fallo judicial con fecha del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Arrecife del pasado 11 de noviembre, se colige que “conforme a la doctrina expuesta, el tipo penal objeto de acusación no sea aplicable porque la conducta del denunciado no supone una lesión del interés tutelado por la norma penal”, sino por la civil.

Para el juzgado, “la mínima verificación de la situación del inmueble, constatando si respondía a su fin propio, es contraria a la aplicación del tipo penal de usurpación”.

“Obligaron a salir a mi hija de la casa aún convaleciente tras sufrir un aborto”, denuncia una de las okupas desalojadas en Playa Blanca

El juzgado subraya que “el bien jurídico que tutela la norma penal, la propiedad inmobiliaria, no puede alcanzar a quién ni adopta las mínimas cautelas exigibles para evitar la desposesión, ni a quién muestre completo desinterés en la cosa”. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación para su resolución por la Audiencia Provincial de Las Palmas.

La empresa "hizo dejación de sus facultades"

Según la resolución judicial, “Coral Homes, S.L., no sólo no ha acreditado, como le incumbía, que con anterioridad a la ocupación estuviera ejerciendo sus facultades posesorias, sino que, además, la prueba practicada permite concluir lo contrario, a saber, que hizo dejación de sus facultades, y no por una mera pasividad o transcurso de un periodo más o menos largo de tiempo en que no se efectúan actos de tenencia o goce de la cosa, sino porque dejó el inmueble en tal situación que hacía presumible su “abandono”.

Cuando el denunciado accedió a la vivienda comprobó que la misma se ubicaba en un complejo que aparece como “abandonado” desde hacía tiempo, y además, la vivienda ni siquiera estaba ejecutada en su totalidad. Para terminar esa y otras casas, son necesarios numerosos trabajos de albañilería, fontanería y electricidad, además de la colocación de puertas y ventanas. Algunas de esas obras han sido ejecutadas por los okupas en los inmuebles en los que habitan.

El Ministerio Fiscal solicitó que se condenara al denunciado como autor de un delito leve de usurpación previsto y penado en el artículo 245.2 del Código Penal a la pena de 90 días de multa a razón de cuota diaria de 4 euros. En concepto de responsabilidad civil, también pidió que se condenara al denunciado al desalojo de la vivienda ocupada. La abogada de la empresa se adhirió a la petición del Ministerio Fiscal, mientras que la letrada del denunciado interesó la libre absolución de su defendido.

Se da la circunstancia de que algunas de las 99 personas que fueron desalojadas en enero de este año de la urbanización de viviendas en obras en la zona de Las Coloradas, en Playa Blanca (Yaiza) se mudaron a la que está cerca del Faro de Pechiguera al no encontrar otro alojamiento alternativo.

Uno de los okupas de la zona asegura que "hay varias personas en la urbanización de Coral Homes que han sido absueltas de usurpación por el mismo motivo".

Del avión directos a la casa okupa en Lanzarote

Farid Telabbia y Abdul Outtamouch, ciudadanos marroquíes, comparten los escasos metros cuadrados de un habitáculo con forma circular en la urbanización a medio construir propiedad de Coral Homes S. L. El primero lleva unos 15 meses residiendo allí y cinco meses el segundo. Farid no trabaja y Abdul sí. Este último llegó a esta urbanización tras no poder costearse el elevado precio del alquiler. “Me piden 800 euros por una habitación en Playa Blanca, que no puedo pagar, a pesar de que trabajo. Soy una persona trabajadora y contribuyo a la economía de España. La situación es insostenible”, se queja mientras procede a extender cemento en la entrada a la infravivienda en la que vive para poder llegar más cómodamente hasta la cocina que ha improvisado en la entrada.

Él y su compañero son dos de las alrededor de 120 familias que viven en el complejo residencial 'esqueleto' situado en la calle Austria en Playa Blanca.

Un bebé de menos de dos meses, el vecino más joven

La colombiana Daniela Mosquera dio a luz a un niño en Lanzarote hace poco más de cuarenta días, cinco meses después de desplazarse hasta Lanzarote desde su país natal. También es madre de una niña de seis años. “Vine directamente del avión a esta casa”, recuerda.

Su marido había llegado unos meses antes a Lanzarote en busca de trabajo y de una vida mejor con la que sacar adelante a su familia. En una de las casas a medio terminar comparte cobijo con otras cuatro familias (una decena de personas en total).

Se han repartido las habitaciones y se las ingenian como pueden, en medio de lo que es una vivienda en estructura de bloques de obra sin los servicios de agua y luz corrientes propios de un inmueble apto para vivir. Comparten salón, cocina y baño.

El agua para beber y asearse la traen en cubas y le dura “casi dos meses”. Cada vez que compran una, se gastan 200 euros, comenta.

Desalojan a 99 personas que vivían en 34 pisos sin acabar en Playa Blanca

"Con un sueldo de 900 euros al mes no puedo pagar el alquiler"

Gladys Cárdenas, colombiana de Cali, vive en una habitación con una amiga. Llegó en busca de trabajo hace cinco meses, pero todavía no ha encontrado empleo. En su caso, como en el de Daniela, cuando descendió del avión también fue directa a la urbanización okupa.

En el cuarto en el que duermen tienen la cama, un ropero para la ropa, un tocador y una mesa con los utensilios para cocinar.

Nicolás David, de 21 años, es compatriota de Gladys y trabaja en la construcción por un sueldo de 900 euros al mes. “Con eso no me da para pagar el alquiler y, por eso, no me quedó más remedio que venir para aquí”, asegura.

“Podemos pagar un alquiler, pero no encontramos nada”

Jaime Andrés González trabaja en una empresa de reformas y su mujer, Paola Hoyos, en hostelería.

Pagaban 600 euros por dos habitaciones en una casa que compartían junto a otras personas en Playa Blanca pero, según afirman, “nos engañaron” y no tuvieron más remedio que mudarse. Tras no encontrar vivienda de alquiler, decidieron okupar una del complejo de Coral Homes. “Podemos pagar la renta, pero no hay nada. No queremos ser okupas, pero no nos ha quedado más remedio, como a otras familias que también viven aquí”.

Comparten casa junto a otras dos familias, unas 12 personas en total. Se han encargado de ponerle suelo, revestir las paredes, ponerles ventanas y hacerla lo más habitable posible como hogar. “No queremos que nos paguen lo que hemos invertido aquí, pero sí encontrar una casa de alquiler”, aclaran Jaime y Paola.

La piscina la han impermeabilizado y convertido en un depósito de agua, que impulsan con una bomba para hacer uso de ella en la vivienda.

“Lanzarote necesita más viviendas para que la gente pueda vivir y no se vea obligada a okupar. No nos ha quedado más remedio que hacerlo”, lamentan.

El Ayuntamiento de Yaiza, a instancias del juzgado realizó informes de vulnerabilidad de las familias, aseguró la concejala de Servicios Sociales e Inmigración, entre otras áreas, Karina Centeno. "La mayoría de las familias tienen trabajo y nómina, pero no una casa en condiciones donde vivir y, por eso, todos tienen informe de vulnerabilidad". Las alrededor de 120 personas okupas se distribuyen "en 50 casas".

El Consistorio sureño admite "dificultades" para realizar el seguimiento de su situación. "A lo mejor se empadronan tres meses allí y luego se van y luego vienen otros". Servicios Sociales del municipio les otorga una ayuda de alimentos, pero "los que llevan menos de un año empadronados en el municipio de Yaiza", explicó Centeno, "no pueden acceder a todas las ayudas económicas municipales, por lo que se derivan a Servicios Sociales del Cabildo".