CC acusa al PSOE de "instalarse en el bulo" sobre la autorización de ocho nuevos hoteles en Lanzarote

La reciente controversia entre Coalición Canaria Lanzarote (CC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha surgido a raíz de las declaraciones este jueves de la secretaria del PSOE en Lanzarote, Dolores Corujo, tras afirmar que el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha autorizado la construcción de “ocho hoteles más en Lanzarote”. En respuesta, CC ha calificado este viernes estas afirmaciones de “graves” y “falsas”, argumentando que el Cabildo no tiene competencias para otorgar licencias de construcción.

La secretaria insular de CC, Migdalia Machín, enfatizó que las únicas autorizaciones que el Cabildo puede conceder son las de tipo turístico y que el PSOE es consciente de esta realidad. “Lo que el Partido Socialista ha hecho es una manipulación política burda, una mentira clara”, subrayó Machín, añadiendo que la información vertida por los socialistas es errónea de manera deliberada.

La herencia del Gobierno anterior

Machín hizo hincapié en la situación heredada por el actual gobierno de CC, recordando que, al asumir el cargo, encontraron un expediente paralizado del Papagayo Arena. Este expediente había sido objeto de una advertencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que instaba al gobierno socialista anterior, presidido por Dolores Corujo, a resolver la situación para evitar posibles responsabilidades legales.

“La administración anterior dejó una herencia problema: un expediente que había estado estancado por años y una advertencia judicial clara sobre su incumplimiento. El actual gobierno ha actuado en cumplimiento de la legalidad, algo que el PSOE está tratando de distorsionar”, afirmó.

Competencias y licencias de construcción

El secretario de Organización de CC, Echedey Eugenio, reafirmó que la potestad para otorgar licencias de construcción recae exclusivamente en los ayuntamientos, como en el caso del Ayuntamiento de Tías, que es administrado por el propio PSOE. “Es contradictorio que el mismo partido que concede licencias desde sus ayuntamientos ahora critique al Cabildo por cumplir con su deber”, censuró.

Eugenio argumentó que el enfoque de CC se centra en el cumplimiento de la normativa, apuntando que los informes técnicos y jurídicos que respaldan las decisiones del Cabildo demuestran que estas se hacen en conformidad con la legislación vigente.

Aumento de camas turísticas en Puerto del Carmen

CC también destacó el Tercer Plan de Modernización de Puerto del Carmen, que, según sus afirmaciones, excede en más de 1.400 camas la asignación permitida según el Plan Insular de Ordenación de 1991. “Los planes de modernización deberían ser una oportunidad para reducir la capacidad turística, en lugar de incrementarla”, señalaba Machín, quien cuestionó la lógica del PSOE al promover un plan que supera los límites establecidos.

Queda claro que, en su opinión, la gestión del PSOE en el municipio de Tías ha tenido un comportamiento contradictorio al criticar al Cabildo mientras impulsa propuestas que exceden las regulaciones establecidas.

Retirada de 2.000 camas turísticas

Durante este mandato, Coalición Canaria ha implementado medidas concretas para regular el modelo turístico en Lanzarote, destacando la retirada de cerca de 2.000 camas turísticas cuyas licencias estaban caducadas.

Esta acción es vista por CC como un paso fundamental hacia una gestión más responsable del territorio, algo que, según Machín, podría haber hecho la administración socialista sin embargo no lo hicieron.

Responsabilidad y respeto

Finalmente, Coalición Canaria ha hecho un llamamiento a los miembros del PSOE para que abandonen lo que consideran “estrategias de desinformación” y respeten la inteligencia de los ciudadanos. “Lanzarote merece una oposición seria, no un ataque constante basado en bulos y mentiras”, enfatizó Eugenio.

Desde CC, se sostiene que la ordenación del territorio es una cuestión de responsabilidad y compromiso, y critican al PSOE por caer en un juego de deslegitimación política que consideran perjudicial para el debate democrático.