A juicio por utilizar su empresa de transportes para trasladar palets con cocaína y hachís a Lanzarote

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo miércoles 18 de junio en Gran Canaria a un acusado de usar su empresa de transporte de mercancías para trasladar cocaína y hachís entre Canarias y la península. 

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en el mes de septiembre de 2023, J.V.C.F. presuntamente envió a través de su empresa Transportes Castero SL dos palets cargados con 690.700 gramos de resina de cannabis, conocido como hachís. 

Transporte de droga entre Lanzarote y Gran Canaria

Los palets fueron presuntamente recogidos en Lanzarote por C.J.C.M., ya fallecido, y por E.H.R., que está en busca y captura. Según el escrito fiscal, los palets fueron entregados a la empresa de logística Logitrans Canarias para trasladaros hasta Gran Canaria, donde presuntamente aguardaban de nuevo C.J.C.M. y E.H.R para recogerlos y transportarlos hacia otro lugar de la isla. 

Esta sustancia estupefaciente fue trasladada hasta un lugar en el que estaba el acusado A.S.C. En total, el valor de la droga incautada ascendía a 1,4 millones de euros. 

En el marco de esta operación, la Fiscalía acusa a J.V.C.F. de presuntamente entregar el 14 de septiembre de 2023 en la sede de la empresa Logitrans Canarias en Gran Canaria dos kilos de cocaína y uno de MDMA y de mandar a un empleado suyo al día siguiente a enviar a través de la misma empresa otro paquete con cinco kilos de cocaína. Esta vez, ambos paquetes fueron enviados a la sede de Logitrans en Arrecife. En esta ocasión, los envíos eran entregas vigiladas por los agentes de Policía.

El primer paquete enviado a Lanzarote fue recogido al día siguiente por el acusado M.Y.D.S, que tenía antecedentes penales en el momento de los hechos. Sin embargo, aunque el segundo paquete fue retirado por el Cuerpo Nacional de Policía, el acusado D.R.D.P trató de retirarlo días después. La Fiscalía los acusa a ambos de tener la intención de vender esas drogas, que ascenderían a los 300.000 euros en el mercado ilícito. 

Más de un millón de euros en cocaína escondidos en bidones

Tras los envíos entre Lanzarote y Gran Canaria. La Fiscalía expone que en febrero de 2024, el acusado A.R.L. presuntamente utilizó la empresa de Transportes Castero para entregar tres bidones de grasa con 55 envoltorios de cocaína en la empresa ADYCO de Coslada, en Madrid.

Según la acusación, en una operación de entrega vigilada por la policía, el dueño de la empresa de transportes Castero, J.V.C.F., habría recogido la droga en Gran Canaria con uno de sus camiones y la habría entregado hasta el acusado E.F.C. La cocaína que había en esos bidones valía alrededor de 1,6 millones de euros.

Droga y dinero en efectivo

El 25 de marzo de 2024 se llevaron a cabo diferentes registros y detenciones. En ellos, al propietario J.V.C.F. le intervinieron tres teléfonos móviles, un portátil, una tableta, una motocicleta, así como 4.250 euros. También una bolsa con 14,75 gramos de cocaína, que ascendía a los 870 euros en el mercado negro. Además, a E.C.F. le intervinieron dos ordenadores, un USB, dos juegos de auriculares, 32.440 euros. 

Así pues, los acusados J.V.C.F., E.C.F., A.R.L. están en prisión desde comienzos de 2024. Mientras tanto, M.Y.D.S. ya fue condenado el 31 de marzo de 2023 en sentencia firme por tráfico de drogas y la condena a un año y nueve meses fue suspendida, con el condicionante de no delinquir en los próximos tres años, hasta el 26 de abril de 2026. 

La Fiscalía acusa a J.V.C.F., M.Y.D.S., D.R.D.P., A.R.L. y E.C.F de ser autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, mientras que a A.S.C. le imputa un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. 

Para el acusado J.V.C.F. pide nueve años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de diez millones de euros. Mientras tanto, para A.R.L. y E.C.F. pide ocho años y medio de prisión y una multa de cinco millones de euros. Para los acusados M.Y.D.S. y D.R.D.P solicita ocho años de cárcel y una multa de 500.000 euros; mientras que para A.S.C. pide cuatro años y cinco meses de prisión y cuatro millones de multa, con siete meses de cárcel en caso de impago.