La adjudicataria de la presunta trama corrupta de Arrecife niega haberse enriquecido: "Era una actividad con muy poco lucro"

La empresa que resultó adjudicataria de los contratos bajo sospecha en la última de la última pieza del caso Montecarlo, que investiga una presunta trama corrupta en el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote), ha negado este martes en juicio haberse enriquecido de forma ilegal porque era una "actividad con muy poco lucro". Según el gestor de Tunera Producciones, Eduardo Ferrer, se siguieron los procesos regulares de contratación y solo se realizaron sin publicidad aquellos eventos culturales en los que la mercantil ostenta los derechos en exclusiva.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha retomado las últimas sesiones, que se celebran ahora en Las Palmas de Gran Canaria y está previsto que concluyan el miércoles con la lectura de los informes finales. La Fiscalía pide penas que van desde los tres hasta los seis años de prisión para distintos excargos del Consistorio acusados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Se sientan en el banquillo el exinterventor municipal Carlos Sáenz, quien reconoció los hechos con matices; el entonces concejal de Hacienda y actual director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias José Montelongo (PSOE); el exconcejal de Cultura y Barrios Lorenzo Lemaur (PP); la exconcejala de Hacienda Isabel Martinón (PNL); el exedil de Festejos Eduardo Lasso (PIL); y el de Festejos Víctor Sanginés (PSOE). Completan la lista los trabajadores municipales Miguel Ángel Leal, Blas Cedrés, José Nieves y Francisco Hernández.

Facturas infladas

El caso parte de una denuncia anónima presentada en Fiscalía en 2012 que señaló pagos a Tunera por servicios no realizados, duplicados o con facturas infladas, aparte de otras irregularidades en la contratación o justificación. El importe presuntamente fraudulento asciende a 3,2 millones de euros entre los años 2009 y 2012, de los cuales 121.000 euros se corresponderían con servicios no prestados.

Los ediles que se encontraban en esos momentos en la administración municipal coincidieron en atribuir la responsabilidad de la comprobación de las facturas a los técnicos municipales que las firmaron, escudándose en que ellos ejercían un "perfil político". Respecto a los recibos que no se pagaron por la vía ordinaria y se incluyeron en un listado a aprobar en el pleno, señalaron que nunca se trasladaron reticencias por parte del tesorero, que refirió haber sufrido presiones, ni de ningún otro empleado público.

Un perito mantiene que el beneficio de la mercantil "está dentro de lo razonable"

Ferrer, por otra parte, defendió la decisión de fraccionar en dos pagos los servicios por un programa, ya que "quería cobrar mensualmente", y su solicitud de un despacho en el Ayuntamiento para las dos personas que estaban trabajando en este. Aseguró que en enero de 2011 pidió que le abonaran una parte del importe "para poder ir escapando" y negó que se intentaran eludir los procesos de contratación.

"El interventor no participó de forma directa", afirmó el empresario tras insistir en que no trató de apropiarse de fondos públicos. Respecto a algunos de los eventos que gestionaron, como el festival Malpaís o el concierto de Alejandro Sanz, indicó que era normal que la contratación se llevara a cabo sin publicidad porque ostentaban los derechos en exclusiva.

Eventos exclusivos

Algunos de los ediles defendieron la correcta prestación de los servicios y aseguraron que acudieron a los actos para comprobar que así fuera. La exconcejala de Hacienda Isabel Martinón negó, a su vez, haber recibido el informe que supuestamente le remitió la técnica municipal de contratación en la que se ponían de manifiesto las supuestas irregularidades en el proceso.

La defensa del empresario aportó un informe pericial elaborado por un economista y auditor de cuentas que analizó los gastos que le habían pasado a Tunero por la ejecución de sus servicios y que dedujo que los trabajos se habían ejecutado con normalidad. Este experto se apoyó en fotografías, informaciones periodísticas y pagos de impuestos para verificar la prestación de las tareas solicitadas.

El perito concluyó que el importe que se pagó a la mercantil "está dentro de lo razonable", así como sus beneficios, descartando la existencia de sobrecostes. El documento apunta que la empresa se encuentra en orden y se encuadra con los modelos de impuestos y añade que no es obligatorio separar conceptos, por lo que en una misma factura se pueden incluir diferentes eventos.

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