La fiscal rebaja a un año de cárcel la petición de pena para el exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife

El exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, cumplirá un máximo de un año de prisión por el papel clave que desempeñó en la última pieza que se juzga por la presunta trama de corrupción del caso Montecarlo. Así lo ha reflejado este miércoles la fiscal en su informe final, que rebaja en cinco años la pena que pedía inicialmente tras llegar a un acuerdo de conformidad con la defensa que contempla dos circunstancias atenuantes por la confesión de los hechos y la extensa duración del procedimiento. La acusación popular y la particular se han adherido a estos términos.

En cambio, se mantienen los cargos solicitados de entre tres y seis años de cárcel para el resto de antiguos representantes políticos y empleados municipales que se sientan al banquillo por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Las defensas, por otra parte, reclaman la libre absolución y achacan toda la responsabilidad penal a Sáenz.

La causa se centra, además de en el interventor, en el empresario y gestor de Tunera Producciones Eduardo Ferrer; en el entonces concejal de Hacienda y actual director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias José Montelongo (PSOE); el exconcejal de Cultura y Barrios Lorenzo Lemaur (PP); la exconcejala de Hacienda Isabel Martinón (PNL); y los exediles de Festejos Eduardo Lasso (PIL) y Víctor Sanginés (PSOE). Los trabajadores municipales acusados son Miguel Ángel Leal, Blas Cedrés, José Nieves y Francisco Hernández.

"En Arrecife parece que se ha instalado una cultura de la impunidad", mantiene la acusación popular

La representante del Ministerio Público ha sostenido que, al menos entre los años 2009 y 2012, Sáenz y Ferrer llevaron a cabo una serie de acciones para que este último obtuviese fondos del Consistorio, principalmente con pagos por servicios nunca prestados, otros que vulneraron la normativa de contratación pública y otros que se hicieron al amparo de acuerdos plenarios. Mantiene que los responsables municipales no acreditaron el cumplimiento de los trabajos ni pusieron trabas a las cantidades reclamadas por la mercantil.

La letrada del Ayuntamiento ha asegurado que este no es un caso aislado y que "en Arrecife parece que se ha instalado una cultura de la impunidad". Tachó el proyecto de dinamización y apoyo al desarrollo de centros socioculturales como un "artificio" para el desvío de fondos públicos y aseguró que era el empresario quien marcaba la "agenda cultural" del municipio.

Un "disfraz de contratación pública"

A su vez, la organización Acción Cívica contra la Corrupción retiró su acusación contra Blas Cedrés porque considera que el entonces concejal Lorenzo Lemaur "utilizó a un conserje de colegio" para firmar una factura para la que no estaba capacitado. La abogada subrayó que el interventor "no pudo hacer solo esta trama" y resaltó que los técnicos municipales debían verificar la prestación de los servicios: "Todos sabían que estaban haciendo un disfraz de contratación pública".

Las defensas, en su lugar, argumentaron que la empresa prestó los servicios contratados mediante los trabajos de tres empleadas y subrayaron que "no se trató de eludir el proceso ni de evitar la publicidad". Los representantes de los entonces ediles, además, señalaron que quien ostentaba las funciones de contratación administrativa era el propio alcalde, que no es objeto del procedimiento, y redujeron su papel a la autorización de un pago que confiaban en que había sido previamente fiscalizado por el interventor.

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