Beatriz Hoteles se queja al CGPJ de la entrega de su cadena a Blantyre

Inparsa, la empresa familiar propietaria de la cadena Beatriz Hoteles en Lanzarote, ha presentado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez que dio el visto bueno al plan de reestructuración promovido por el fondo Blantyre Capital, según informa la compañía en un comunicado. Tiene más de 50 años de historia y propietaria de Beatriz Hoteles y cuenta con más de 325 empleados directos y más de 700 indirectos.

Esa resolución del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas de Gran Canaria supuso el cambio de propiedad de la cadena hotelera, valorando sus participaciones en 12 millones de euros, cuando Inparsa sostiene que valoración real supera los 73 millones de euros. La empresa asegura que los activos hoteleros de la compañía están tasados actualmente en unos 127 millones de euros, frente a una tasación «incompleta y obsoleta, ya que fue realizada en enero de 2024», que le otorga un valor de 66 millones.

Inparsa alega que se entregó la propiedad de la cadena al fondo Blantyre Capital «a pesar de su solvencia acreditada, su trayectoria de crecimiento y la financiación aprobada que garantizaba el pago íntegro de su deuda». La queja que ha cursado ante el CGPJ argumenta que el proceso sufrió una dilación indebida de un año y que el juez de lo Mercantil contradijo su resolución previa, ignoró pruebas financieras esenciales y dictó sentencia sin competencia plena «causando un perjuicio patrimonial millonario y vulnerando derechos constitucionales fundamentales, como el de propiedad y tutela judicial efectiva».

La acción se enmarca «en el compromiso de Inparsa con la defensa del principio de seguridad jurídica y busca alertar sobre el precedente que este caso podría generar en la aplicación de la Ley Concursal en España», señala. Asegura que el mismo juez que en 2024 rechazó el plan de Blantyre por inexistencia de insolvencia lo aprobó un año después «sin cambios en los hechos ni en las condiciones financieras». En su primera resolución, remarca, el magistrado concluyó que Inparsa no era insolvente y que el fondo se amparaba en un «cambio de control técnico» sin fundamento. Sin embargo, el mismo Juzgado dictó sentencia homologando el plan de Blantyre Capital, otorgándole el 70 % del capital de Inparsa.

«De este modo, la interpretación judicial contradice el espíritu de la Ley Concursal y abre la puerta a su uso como instrumento especulativo, en lugar de una herramienta para preservar empresas viables», sostiene la empresa, y «plantea un debate de fondo sobre la aplicación de la Ley Concursal y la estabilidad del sistema empresarial español».

La resolución afectaría, según la empresa, a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como el derecho de propiedad, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de seguridad jurídica.

En abril de 2025, la compañía firmó una financiación de 65,5 millones de euros con Fortress Investment Group, destinada a repagar íntegramente su deuda y garantizar la continuidad de la actividad y del empleo. El acuerdo fue comunicado al Juzgado y a los acreedores.

Versión de Blantyre Capital

Por su parte, Blantyre Capital Limited, que gestiona el fondo Meru I S.A.R.L (Meru), defendió ayer que el plan de reestructuración que ha presentado para la sociedad Inversiones y Parcelaciones Urbanas SA (Inparsa), con la que Beatriz Hoteles gestiona los hoteles Beatriz Costa y Spa y Beatriz Plaza & Spa y cuyo accionista mayoritario antes de la reestructuración era el fondo de inversión Guidebridge, es la «única alternativa» para garantizar la viabilidad de dichos hoteles.

En un comunicado, Blantyre Capital subraya que existe una sentencia firme, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria el 18 de septiembre de 2025, que ha homologado el plan de reestructuración promovido por Meru y que «da viabilidad a Inparsa mediante una capitalización de deuda y una extensión de vencimientos». La sentencia, matiza, «analiza y confirma el correcto» vencimiento de la práctica totalidad de la deuda financiera (impagada a los acreedores financieros desde hace casi dos años por la compañía), al tiempo que «constata la situación de insolvencia» de Inparsa.

Además indica que «valida» la valoración del experto independiente en la reestructuración (Lexaudit) para la capitalización parcial de los créditos, que «no fue discutida» por los socios de la compañía en el procedimiento contradictorio, a pesar de que, afirma, «se les diese la oportunidad de hacerlo».

Por otro lado, este fondo explica que Inparsa ha atravesado «múltiples reestructuraciones» en los últimos años (2012, 2015, 2020) y «arrastraba un volumen de deuda financiera históricamente elevado, desalineado» con su capacidad de generación de caja. En este marco, en 2023, el fondo de inversión Guidebridge, a través de Guidebridge Opportunities I, FCR adquirió una mayoría del capital social de la compañía que le daba el control.

Al respecto, explica que entonces en el folleto informativo se señalaba que las inversiones del vehículo tenían riesgo 6/7 y que se prestaría «especial atención a potenciales múltiples estrategias de salida que aseguren liquidez a las inversiones». A partir de ese momento la compañía «dejó de ser una empresa familiar y pasó a estar controlada» por un consejo de administración nombrado por el fondo de inversión accionista que tiene como fin «maximizar el retorno de sus inversores», produciéndose un «cambio de control promovido voluntariamente» por sus accionistas, si bien «no fue consentido por la mayoría» de sus acreedores.

Así, el cambio de control «activó automáticamente la obligación contractual» de amortización inmediata de la financiación. Sin embargo, Guidebridge optó, asegura, por «no refinanciar la deuda de Inparsa y con ello incumplir su obligación de pago», lo que llevó a que casi el 90% de los acreedores financieros de Inparsa acordara el vencimiento de gran parte de la deuda en noviembre de 2023. Es entonces cuando Meru, como entidad acreedora con una posición mayoritaria sobre la deuda, promueve su plan de reestructuración al que se adhirieron otros acreedores para «preservar el valor de la compañía frente a extremos más destructivos «de valor y de empleo», añade.