El PSOE advierte de riesgos económicos en el traspaso del ciclo integral del agua en Lanzarote

El PSOE de Lanzarote ha expresado su preocupación por el proceso de traspaso de la concesión del ciclo integral del agua en la isla y ha acusado al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, de no haber informado con claridad sobre las consecuencias jurídicas y económicas de esta operación. La formación socialista considera que la falta de transparencia puede derivar en un riesgo relevante para las cuentas públicas y en una situación de inseguridad jurídica para una gestión considerada estratégica.

La denuncia socialista se produce tras conocerse una respuesta parlamentaria al Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, en la que se aclaran aspectos del proceso que, según el PSOE, no han sido trasladados ni al Consorcio del Agua de Lanzarote ni a la ciudadanía.

Canal de Isabel II no renuncia a posibles reclamaciones

Uno de los elementos que más inquietud genera al PSOE es que el traspaso de la concesión no implica el cierre de los conflictos existentes con Canal de Isabel II, actual operador del servicio, a través de la filial Canal Gestión Lanzarote. Según la información conocida, la empresa pública no renuncia a los litigios ni a las reclamaciones que pueda considerar pertinentes, incluso después de producirse el cambio de operador.

La secretaria insular del PSOE de Lanzarote, consejera en la oposición en el Cabildo de Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha advertido de que esta circunstancia deja abierta la posibilidad de reclamaciones futuras contra el Consorcio del Agua, lo que podría tener un impacto directo en la estabilidad financiera de la isla.

Desde el punto de vista socialista, cambiar de operador sin cerrar completamente el contrato anterior supone mantener abierto el pasado, trasladando posibles costes económicos a las administraciones públicas.

El cambio de operador exige un nuevo contrato público

El PSOE subraya que el proceso no puede considerarse una simple cesión de la concesión, como, a su juicio, se ha trasladado desde el Cabildo. Según se desprende de la respuesta parlamentaria, el cambio de operador de una concesión pública exige la formalización de un nuevo contrato, con todas las garantías legales que establece la normativa vigente.

Esto implica, según recuerda la formación, el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y control, especialmente relevante cuando la concesión es transmitida por una empresa pública, como es el caso de Canal de Isabel II.

Desde el PSOE se cuestiona que esta información no haya sido expuesta de forma clara ante la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote, pese a tratarse de una decisión que afecta a un servicio esencial para la población insular.

Un riesgo para la estabilidad económica de la isla

La posibilidad de que Canal mantenga abiertos sus derechos de litigio es calificada por el PSOE como un riesgo inaceptable. La formación advierte de que esta situación introduce una incertidumbre jurídica y económica que podría derivar en indemnizaciones o reclamaciones millonarias.

Corujo ha señalado que no resulta razonable proceder a un cambio de operador sin liquidar de forma definitiva el contrato anterior, ya que ello puede comprometer la sostenibilidad económica del sistema y afectar a las cuentas públicas insulares.

El PSOE considera imprescindible que cualquier traspaso vaya acompañado de una liquidación completa, que cierre todos los frentes judiciales y garantice que no queden cargas económicas ocultas para el futuro.

Críticas a la falta de transparencia del Cabildo

La formación socialista acusa directamente al presidente del Cabildo de Lanzarote de haber conducido este proceso desde la opacidad, dificultando el acceso a la información a los representantes del Consorcio del Agua y limitando el debate institucional.

Desde el PSOE insisten en que la gestión del agua debe realizarse con máxima transparencia, al tratarse de un recurso estratégico y de un servicio básico para la ciudadanía. En este sentido, recuerdan que la normativa sobre buen gobierno obliga a las administraciones a facilitar información clara y completa sobre decisiones que tengan impacto económico relevante.

El agua como servicio esencial

Para el PSOE de Lanzarote, la gestión del ciclo integral del agua no puede abordarse sin seguridad jurídica, control público y defensa del interés general. La formación recalca que cualquier decisión en este ámbito debe priorizar la protección de las cuentas públicas y la garantía de un servicio estable y sostenible.

“El agua no puede gestionarse a espaldas de las instituciones ni de la ciudadanía”, ha defendido Corujo, quien insiste en que la transparencia y la responsabilidad económica son obligaciones ineludibles para cualquier gobierno insular.