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Lanzarote y La Graciosa eliminan las listas de espera para el reconocimiento de la discapacidad y cumplen los plazos legales

La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, destaca que el objetivo es extender este modelo de gestión centrado en las personas al resto de islas del Archipiélago

Lanzarote y La Graciosa, las primeras islas de Canarias sin listas de espera para el reconocimiento de la discapacidad

C. L.

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La Provincia

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Arrecife

Lanzarote y La Graciosa se han convertido en las primeras islas de Canarias en eliminar las listas de espera fuera de plazo legal para el reconocimiento del grado de discapacidad, un hito en la gestión de los derechos sociales en el Archipiélago.

Así lo anunció este martes el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, durante una rueda de prensa conjunta con responsables del Gobierno de Canarias y del área insular de Bienestar Social.

Un anuncio conjunto entre administraciones

El anuncio se realizó en un encuentro informativo en el que participaron la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado; la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez; y el consejero insular de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña. Todos coincidieron en destacar que este avance ha sido posible gracias a la cooperación institucional, el refuerzo de los equipos técnicos y una reorganización del sistema de valoración.

Según explicó Betancort, Lanzarote y La Graciosa cumplen actualmente con los plazos máximos de seis meses establecidos por ley, siempre que los expedientes cuenten con toda la documentación necesaria. “Hoy podemos afirmar que ninguna persona con su solicitud completa espera más de seis meses para ser valorada”, subrayó el presidente insular.

Asistentes, este martes, al Cabildo de Lanzarote, a la rueda de prensa sobre la valoración de la discapacidad

Asistentes, este martes, al Cabildo de Lanzarote, a la rueda de prensa sobre la valoración de la discapacidad / La Provincia

Cumplimiento de la ley y atención centrada en las personas

La consejera regional, Candelaria Delgado, señaló que esta situación marca un punto de inflexión y adelantó que el objetivo del Ejecutivo autonómico es extender el modelo al resto de las islas. En este sentido, explicó que las personas que presentaron su solicitud de reconocimiento de discapacidad antes de agosto de 2025 ya están siendo valoradas, lo que confirma que no existe retraso fuera de los plazos legales.

Delgado destacó que estos resultados responden a una filosofía de gestión centrada en las personas y en sus derechos, especialmente en áreas sensibles como la discapacidad. “Estamos logrando avances reales en esta legislatura porque hemos cambiado la forma de actuar y de priorizar”, afirmó.

Refuerzo de los equipos y 1.297 valoraciones

Uno de los factores clave para alcanzar esta situación ha sido el convenio firmado en mayo del año pasado entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, que permitió reforzar el Equipo de Valoración de la Discapacidad con la incorporación de nuevos perfiles profesionales, entre ellos una trabajadora social y una psicóloga.

Gracias a este refuerzo, durante el último año se realizaron 1.297 valoraciones, una cifra que, según la consejera, supera incluso el número de nuevas solicitudes que entran en el sistema. “Estamos resolviendo más expedientes de los que se presentan, lo que demuestra que el atasco se está corrigiendo de forma estructural”, señaló Delgado, quien insistió en que esta mejora es fruto del trabajo coordinado entre la administración autonómica y la insular.

De una situación colapsada a un sistema ágil

El presidente del Cabildo recordó que en 2023 la situación era muy diferente, con un sistema claramente colapsado. “Lejos de resignarnos, asumimos nuestra responsabilidad institucional y, junto al Gobierno de Canarias, impulsamos un cambio de rumbo”, explicó Betancort. Ese cambio incluyó refuerzos técnicos, mejora de la coordinación entre administraciones y una priorización de los casos más urgentes.

En la misma línea se expresó el consejero insular Marci Acuña, quien calificó la eliminación de la lista de espera como una “asignatura pendiente” heredada del mandato anterior. Acuña destacó la importancia del convenio firmado en 2025 y renovado este año, que permitió pasar de un solo equipo de valoración a cuatro en Lanzarote y La Graciosa.

Acuña subrayó también la relevancia del trabajo coordinado con el Servicio Canario de la Salud, especialmente en aquellos expedientes que requieren valoración médica. Esta colaboración ha sido determinante para agilizar informes, reducir tiempos y ofrecer una respuesta más eficaz a las personas solicitantes.

El impacto del nuevo marco normativo

Por su parte, la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, aportó contexto sobre las dificultades que se arrastraban desde la entrada en vigor del nuevo Real Decreto que regula el reconocimiento del grado de discapacidad, aprobado en octubre de 2022 y aplicado a partir de abril de 2023.

Gutiérrez explicó que durante los primeros meses no se realizaron valoraciones debido a la falta de preparación del sistema, tanto a nivel de aplicaciones informáticas como de formación del personal. Esta situación, unida a la escasez de recursos humanos, provocó un colapso importante en islas como Lanzarote.

Datos que reflejan el cambio

Las cifras ponen de relieve la magnitud del avance. En 2023, se presentaron 1.407 solicitudes de reconocimiento de discapacidad en Lanzarote, de las cuales solo se resolvieron 621, con tiempos de espera que oscilaban entre dos y tres años, dependiendo del tipo de valoración requerida.

La incorporación de una tercera facultativa médica en 2024 permitió que ese mismo año se resolvieran 1.282 de las 1.617 solicitudes presentadas, reduciendo la demora en las valoraciones médicas a aproximadamente un año. En la actualidad, según Gutiérrez, la situación se ha revertido por completo y el sistema resuelve más expedientes de los que recibe.

Un modelo a extender al resto de Canarias

El caso de Lanzarote y La Graciosa se presenta ahora como un modelo de referencia para el resto del Archipiélago. Desde el Gobierno de Canarias se insiste en que el objetivo es garantizar que el reconocimiento de la discapacidad sea un derecho efectivo, con tiempos razonables y una atención digna y cercana.

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