El PSOE pide paralizar la Zona de Aceleración de Renovables en Lanzarote hasta lograr consenso institucional

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha solicitado la paralización de la Zona de Aceleración de Energías Renovables (ZAR) prevista para Lanzarote hasta que exista un consenso real entre las distintas administraciones públicas implicadas.

La propuesta ha sido registrada en el Parlamento de Canarias mediante una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. La iniciativa busca suspender la tramitación de esta figura territorial mientras no se alcance un acuerdo entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de la isla.

El anuncio fue realizado en rueda de prensa por la secretaria general del PSOE de Lanzarote, María Dolores Corujo, junto al diputado autonómico por Lanzarote y La Graciosa, Marcos Bergaz.

Una iniciativa para suspender la tramitación de la ZAR

La propuesta presentada por los socialistas pretende que la Cámara autonómica inste al Gobierno regional a detener el desarrollo de la Zona de Aceleración de Renovables en Lanzarote hasta que exista un acuerdo institucional amplio.

Según explicaron los dirigentes socialistas, el documento firmado el pasado mes de julio entre el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, contempla la delimitación de más de 3.100 hectáreas del territorio insular para facilitar la implantación de proyectos de energías renovables.

En concreto, el Ejecutivo autonómico sostiene que la superficie prevista para estas zonas alcanza 3.163,89 hectáreas, lo que representa aproximadamente el 3,75 % del territorio de la isla.

El objetivo de las ZAR es agilizar los procedimientos administrativos para el desarrollo de instalaciones de energía limpia, especialmente parques solares y eólicos, como parte de la estrategia de transición energética del archipiélago.

Críticas del PSOE al impacto territorial

Durante la comparecencia, la secretaria general socialista en Lanzarote, María Dolores Corujo, defendió la necesidad de impulsar energías renovables, pero insistió en que este proceso debe realizarse sin comprometer el paisaje ni el territorio de la isla.

“La transición energética es imprescindible, pero no puede hacerse a costa del territorio ni del paisaje de Lanzarote”, afirmó.

La dirigente socialista advirtió que el proyecto podría afectar a uno de los principales valores de la isla, que es su entorno natural y paisajístico, considerado clave para su identidad y para su modelo económico vinculado al turismo y la conservación del territorio.

Según Corujo, el PSOE no permitirá que las decisiones del Gobierno regional y del Cabildo pongan en riesgo estos elementos fundamentales.

Críticas a la actuación del Cabildo de Lanzarote

La líder socialista también cuestionó la postura del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, a raíz de la polémica generada tras la publicación de los mapas de delimitación de la ZAR.

Según explicó, el acuerdo firmado entre el Cabildo y el Gobierno autonómico ya generaba preocupación, pero considera aún más problemática la falta de explicaciones públicas sobre el contenido del documento.

Corujo sostuvo que el presidente insular no ha aclarado suficientemente por qué firmó un protocolo que contempla una zona de aceleración de renovables de más de 3.100 hectáreas, y criticó que ahora trate de distanciarse del acuerdo tras la reacción social generada en la isla.

Un conflicto institucional entre administraciones

Uno de los aspectos más destacados del debate es el enfrentamiento institucional entre el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias en relación con la delimitación de estas zonas.

Mientras el Ejecutivo autonómico asegura que el documento fue fruto de un proceso consensuado, desde el Cabildo se ha cuestionado posteriormente el contenido del acuerdo.

La institución insular ha señalado que los mapas publicados por la Consejería de Transición Ecológica podrían contener errores que no se corresponden con lo inicialmente pactado entre ambas administraciones.

Esta discrepancia ha provocado un conflicto político e institucional que se ha prolongado durante meses.

Además, según el PSOE, la situación ha impedido la puesta en marcha de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en el protocolo firmado entre ambas administraciones para supervisar el desarrollo del proyecto.

Falta de una explicación conjunta a la ciudadanía

El diputado autonómico Marcos Bergaz también criticó la gestión del conflicto y la falta de claridad por parte de las administraciones implicadas.

Según afirmó, Cabildo y Gobierno regional llevan ocho meses protagonizando un enfrentamiento institucional en torno a este asunto sin ofrecer una explicación conjunta a la ciudadanía.

Bergaz recordó que ambas administraciones presentaron inicialmente la ZAR como un avance en la implantación de energías renovables, pero que posteriormente surgieron discrepancias sobre su alcance y delimitación.

Para el diputado socialista, las instituciones implicadas han tenido oportunidades para detener el proceso, pero considera que han optado por continuar adelante pese a la polémica generada.

Debate sobre el modelo de transición energética

Durante la rueda de prensa, el PSOE insistió en que apoya el desarrollo de energías renovables, pero cuestiona el modelo planteado en este caso.

Según Bergaz, el objetivo debe ser avanzar hacia un sistema energético más sostenible, pero sin comprometer el territorio ni el paisaje de Lanzarote.

El diputado también recordó que el actual presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, apoyó previamente en el Parlamento la creación de las Zonas de Aceleración de Renovables y la eliminación de la evaluación ambiental para algunos proyectos desarrollados en estas áreas.

Esta circunstancia, según el PSOE, contradice el intento actual de distanciarse de la iniciativa.

Propuesta socialista para buscar consenso institucional

La Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista plantea dos objetivos principales.

El primero es instar al Gobierno de Canarias a impulsar la transición energética desde el consenso institucional, contando con la participación activa de cabildos y ayuntamientos.

El segundo es paralizar la tramitación de la ZAR en Lanzarote hasta que se alcance un acuerdo entre las administraciones del territorio.

Según Bergaz, sin ese consenso institucional el modelo actual corre el riesgo de generar conflictos políticos y sociales.

Además, el diputado defendió que el desarrollo de energías renovables debe realizarse con una mayor presencia del sector público y con mecanismos que garanticen beneficios para la sociedad canaria.

Un debate que sigue abierto en Canarias

El debate sobre las Zonas de Aceleración de Renovables forma parte de un proceso más amplio relacionado con la transición energética en Canarias, un territorio especialmente dependiente de combustibles fósiles para la producción eléctrica.

Las instituciones públicas trabajan en distintas estrategias para aumentar el peso de las energías renovables, como la solar y la eólica, en el sistema energético del archipiélago.

En este contexto, el desarrollo de proyectos renovables suele generar debates sobre la compatibilidad entre producción energética, conservación del territorio y planificación urbanística.

La postura del PSOE sobre el futuro energético de Lanzarote

En su intervención final, la secretaria general del PSOE de Lanzarote reiteró que su partido defiende la implantación de energías renovables, pero considera imprescindible hacerlo con planificación y consenso institucional.

Corujo concluyó señalando que Lanzarote necesita un liderazgo político que actúe con rigor y coherencia en la gestión del territorio.

El debate sobre la Zona de Aceleración de Renovables en la isla continuará previsiblemente en los próximos meses en el Parlamento de Canarias, donde se analizará la iniciativa presentada por el Grupo Socialista y se decidirá si se impulsa o no la paralización del proyecto mientras se busca un acuerdo entre las distintas administraciones implicadas.