La Fiscalía investiga a siete trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife por presuntas irregularidades en la anulación de más de 2.000 multas de tráfico

El Ayuntamiento de Arrecife ha llevado ante la Fiscalía un caso de presuntas irregularidades en la gestión de multas de tráfico municipales, tras detectar accesos indebidos al sistema informático por parte de siete trabajadores públicos que no estaban autorizados o que no habrían seguido los procedimientos establecidos por la ley.

El alcalde de la capital lanzaroteña y responsable de la Policía Local, Yonathan de León, informó el último pleno municipal celebrado este viernes de que esta denuncia se presentó el pasado mes de enero, después de una investigación interna iniciada meses antes.

Según explicó, fue en septiembre cuando tuvo conocimiento de posibles anomalías en la tramitación de sanciones, lo que motivó la apertura de diligencias reservadas a nivel institucional para esclarecer los hechos. De León encargó una investigación interna para determinar si existían en los sistemas informáticos del Ayuntamiento anulaciones de sanciones de tráfico, sin los correspondientes expedientes de descargos, realizadas durante pasados mandatos.

Investigación para conocer la identidad de los presuntos autores de los hechos

A través de una providencia de la Alcaldía, se ordenó la realización detallada de este informe interno para conocerse las identidades de las personas que anularon las citadas sanciones sin seguir los procedimientos establecidos para ello por la ley.

El alcalde de la ciudad, quería esclarecer si durante mandatos anteriores se pudieron estar realizando actuaciones contrarias a las normativas en las anulaciones de tráfico. Para esta investigación mandatada por el alcalde, se requirió a la empresa responsable del sistema informático del Ayuntamiento la realización detallada de una auditoría.

La referida investigación municipal acreditó que se han anulado sanciones de tráfico sin regirse por lo establecido en las normas.

La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, adscrita a la Alcaldía, remitió a la Fiscalía el contenido del citado informe municipal. Ahora, la Fiscalía ha incoado un procedimiento de investigación judicial para dilucidar las actuaciones en el pasado. 

Informes técnicos y detección de anomalías

A raíz de esta decisión, se solicitó la elaboración de informes tanto al departamento de la Policía Local como al área de infracciones, así como a la empresa adjudicataria encargada del sistema informático de gestión de multas.

Los resultados de estos informes, junto con el análisis realizado por la Secretaría municipal, permitieron detectar que más de 2.000 multas habrían sido anuladas a lo largo de varios años, concretamente desde 2016 o 2017 hasta la actualidad.

Estas anulaciones supondrían una cuantía económica que supera los 500.000 euros, lo que ha encendido las alarmas dentro de la administración local y ha motivado la intervención de los servicios jurídicos municipales.

Traslado del caso a la Fiscalía

Tras conocer estos hechos, el Ayuntamiento decidió trasladar toda la documentación a la Fiscalía para que investigara lo ocurrido. A partir de ahí, el Ministerio Público solicitó acceso a los expedientes relacionados con las sanciones retiradas.

Según ha trascendido, la Fiscalía aprecia indicios que podrían apuntar a un posible delito de malversación de caudales públicos, lo que ha derivado en la presentación de una querella.

Siete funcionarios investigados

En el marco de esta investigación judicial, se ha interpuesto una querella contra siete funcionarios públicos, que presuntamente tendrían relación con la gestión del sistema de multas.

El alcalde ha evitado ofrecer más detalles debido a que el procedimiento se encuentra en curso, subrayando la necesidad de respetar los tiempos judiciales y garantizar la confidencialidad de la investigación.

No obstante, ha insistido en que el Ayuntamiento ha actuado con total transparencia, colaborando con la justicia desde el primer momento y facilitando toda la información requerida.

Colaboración con la justicia y defensa del interés público

Yonathan de León ha señalado que comparecerá como testigo en el proceso, ya que fue quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

El regidor ha remarcado que la prioridad del consistorio es defender el interés general y garantizar el correcto uso de los recursos públicos, así como asegurar que se cumpla la legalidad en todos los procedimientos administrativos.

Investigación en curso

El caso se encuentra actualmente en fase de instrucción judicial, por lo que será el juzgado competente quien determine las responsabilidades, si las hubiera.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Arrecife se insiste en la importancia de reforzar los controles internos y garantizar la transparencia en la gestión pública, especialmente en áreas sensibles como la tramitación de sanciones administrativas.

La evolución de esta investigación marcará los próximos pasos en un caso que ha generado gran expectación en el ámbito local y que pone el foco en la gestión de los procedimientos administrativos y el uso de herramientas digitales en la administración pública.