El conflicto por el muro en el recinto ferial de Uga enfrenta a Yaiza y la familia Acuña mientras sigue la vía judicial

Uga, en el sur de Lanzarote, vive desde hace años una disputa sobre la titularidad del suelo de una parte del recinto ferial. El enfrentamiento legal entre el Ayuntamiento de Yaiza y la familia Acuña Borges ha vuelto a situarse en el centro del debate.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, convocó recientemente un encuentro con los vecinos para explicar la evolución del caso junto a los servicios jurídicos municipales.

La reunión sirvió para detallar los pasos dados por la administración local y aclarar dudas sobre un conflicto que afecta a una superficie de 445 metros cuadrados, cuya propiedad reclama la familia.

La vía judicial: recurso ante la Audiencia Provincial

Actualmente, el procedimiento se encuentra en fase de apelación. El Consistorio sureño ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas tras una sentencia previa del juzgado de Arrecife que no favoreció los intereses municipales.

En este recurso, la administración local solicita que se reconozca su titularidad sobre una superficie mayor, concretamente 1.245 metros cuadrados, dentro de la finca en cuestión. Además, pide que se ordene la retirada del muro de bloques construido por la familia Acuña, que delimita físicamente el terreno en disputa.

De forma alternativa, el Consistorio plantea que se ponga fin a cualquier uso privado de la parcela, reclamando la devolución de los 445 metros cuadrados ocupados y la eliminación del cerramiento que separa ese espacio del resto del recinto.

Un muro que simboliza el desacuerdo

El elemento más visible del conflicto es el muro levantado en la zona, que ha generado preocupación entre los vecinos por su impacto en el uso del espacio público. Según el Ayuntamiento, este cerramiento supone una ocupación indebida de un terreno que consideran de titularidad municipal.

Desde el gobierno local se defiende que esta parcela forma parte de un espacio destinado al disfrute colectivo, especialmente durante celebraciones tradicionales. En este sentido, el alcalde ha manifestado que la intención de la familia de delimitar el terreno genera dudas sobre su finalidad, al tratarse de un suelo donde no está permitido construir.

Origen del conflicto: un acuerdo de hace más de tres décadas

La raíz del problema se remonta a un acuerdo alcanzado en 1991 entre la familia Acuña y el entonces alcalde de Yaiza. Dicho pacto permitía el uso del suelo del recinto ferial sin limitaciones durante las fiestas locales.

Con el tiempo, esta situación derivó en una permuta de parcelas, aunque las discrepancias sobre la titularidad no desaparecieron. Años después, en 2020, la familia levantó un primer muro perimetral, lo que motivó la intervención del Ayuntamiento en los tribunales.

En aquel momento, la Justicia falló en contra del Consistorio al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar la titularidad municipal del terreno.

Nuevos episodios judiciales en 2026

El conflicto ha continuado evolucionando en los últimos años. En 2026, la familia solicitó autorización para construir un segundo muro perimetral. Inicialmente, el Ayuntamiento denegó la licencia, pero una resolución judicial obligó a concederla.

Este nuevo episodio ha intensificado la controversia y ha llevado al Ayuntamiento a insistir en la vía judicial como mecanismo para defender lo que considera un bien público.

El Ayuntamiento defiende su actuación

Durante el encuentro con los vecinos, el alcalde expuso documentación para responder a las críticas sobre una supuesta falta de actuación por parte del gobierno municipal en etapas anteriores. Según explicó, desde su llegada a la alcaldía en 2018, el Ayuntamiento ha participado activamente en todos los procedimientos judiciales relacionados con este caso.

Además, aseguró que se ha abierto un expediente de disciplina urbanística, lo que, a su juicio, demuestra la implicación del Consistorio en la defensa de los intereses municipales.

El regidor también criticó las acusaciones vertidas desde la oposición política, insistiendo en que los documentos disponibles reflejan las actuaciones realizadas por la administración local.

Diálogo abierto, pero sin respuesta

A pesar de la judicialización del conflicto, el Ayuntamiento sostiene que mantiene abierta la vía del diálogo con la familia Acuña. Sin embargo, según explicó el alcalde, los intentos de contacto no han obtenido respuesta favorable.

El Consistorio afirma haber tratado de comunicarse tanto de forma directa como a través de representantes legales, llegando incluso a enviar notificaciones formales mediante la Policía Local. La respuesta recibida habría sido la negativa a mantener reuniones, remitiendo el asunto exclusivamente al ámbito judicial.

Impacto en la vida social y festiva de Uga

Más allá del ámbito legal, el conflicto tiene repercusiones en la vida cotidiana de Uga. El recinto ferial es un espacio clave para la celebración de eventos municipales insulares que forman parte de la identidad del pueblo.

Entre ellos destacan la Muestra de Ganado, las Fiestas de San Isidro y la conocida Wine Run, citas que cada año reúnen a numerosos vecinos y visitantes.

Ante la incertidumbre generada, el Ayuntamiento ha optado por reorganizar los espacios dentro del recinto, adaptando la distribución de la carpa principal para garantizar la celebración de estos eventos.

Críticas de CC: "El Ayuntamiento no presentó la documentación"

Coalición Canaria en Yaiza, a través de su secretario local y concejal en la oposición municipal, Emilio Machín, denuncia la situación generada en torno a los muros de la carpa de Uga, asegurando que lo ocurrido es “la consecuencia directa de la desidia, la falta de responsabilidad y la inacción del alcalde en la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas del municipio”.

Machín ha sido contundente al afirmar que “el problema no empieza ahora, ni con la ejecución de unos muros, sino en el mismo momento en el que el Ayuntamiento decidió no hacer absolutamente nada ante la primera demanda interpuesta por la familia afectada”.

En este sentido, el también portavoz municipal subraya que “el Ayuntamiento ni siquiera presentó la documentación que acredite lo que defiende la institución dejando claro su prioridad con este problema. No es que hiciera una mala defensa, es que no hubo defensa alguna”, afirma el edil nacionalista.

Esta dejación de funciones, según Coalición Canaria, permitió que la familia ganara el primer juicio, generando una situación jurídica que ha desembocado en el conflicto actual. “Lo que estamos viendo hoy es el resultado de aquel abandono inicial por parte del grupo de gobierno”, añade Machín.

"Falta de diálogo por parte del alcalde"

Asimismo, desde la formación nacionalista critican la falta de diálogo real por parte del alcalde. “Resulta paradójico que quien presume constantemente de diálogo no haya sido capaz, ni haya tenido la dignidad, de sentarse con las familia afectada para buscar una solución consensuada”, señala el secretario local, quien asegura que “sabemos que, pactado por ambas partes para un diálogo, el proceso judicial se paralizó durante un año, pero el alcalde nunca quiso reunirse”.

“No es solo una mala gestión, es la ausencia total de defensa de los intereses públicos desde el primer minuto”

Emilia Machín

— Secretario de CC en Yaiza

Coalición Canaria denuncia que, lejos de ello, la respuesta del alcalde fue la ejecución de unos muros limitando el acceso a la zona, crispando más la situación y perjudicando a los vecinos y vecinas. “Una decisión errónea y sin respaldo legal, como ha quedado demostrado en sentencia judicial, que ha obligado al propio Ayuntamiento a derribarlos por carecer de legitimidad”, explica Machín.

"Se pierde un espacio público"

La situación, lejos de resolverse, ha empeorado aún más. Según detallan desde CC, la familia ha procedido al cierre perimetral de su solar, lo que imposibilita completamente el uso de la plaza para la celebración de actividades municipales. “Hemos llegado a un punto en el que el municipio pierde un espacio público por la mala gestión política”, lamenta.

Coalición Canaria considera igualmente grave que el alcalde haya esperado a que la situación alcanzara este nivel de conflicto para empezar a dar explicaciones. “Es cuando todo está perdido, cuando el daño ya está hecho, cuando decide convocar a los vecinos y, al día siguiente, a los portavoces. Una actuación tardía, insuficiente y que evidencia la falta de liderazgo”, afirma Machín.

Por todo ello, desde Coalición Canaria en Yaiza exigen responsabilidades. “Los vecinos merecen un Ayuntamiento que defienda sus intereses desde el primer momento, que actúe con previsión, con diálogo real y con rigor jurídico. Lo que ha ocurrido aquí es justo lo contrario”, concluye el secretario local.

El PP "siempre apoyará el bien común"

El Partido Popular de Yaiza ha valorado este martes la reciente reunión mantenida entre el alcalde y los vecinos de Uga en relación con la situación del espacio donde se ubica la carpa municipal, destacando la importancia de que grupo de gobierno actúe con “responsabilidad y en defensa del interés general del municipio”.

En este sentido, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Monzón, señala que el gobierno municipal debe dejar al margen cualquier tentativa de politizar este asunto y centrarse en defender el interés de los vecinos de Uga y del municipio. “En esa defensa, en esa causa, siempre vamos a apoyar y tender la mano en todo lo que sea necesario por el bien común”, asegura.

La necesidad de entendimiento entre el Ayuntamiento y la familia Acuña

Los populares subrayan que, más allá de los antecedentes administrativos y jurídicos que afectan a este terreno en los que es posible que se pudiera haber hecho algo más a lo largo de todos estos años, “la prioridad debe ser garantizar que los vecinos de Uga puedan seguir haciendo uso de un espacio que es fundamental para el desarrollo de distintas actividades”.

En esta línea, el PP de Yaiza respaldará todas aquellas acciones que el Ayuntamiento decida emprender con el objetivo de preservar este espacio para el disfrute colectivo.

Asimismo, insisten en la necesidad de que todas las partes implicadas actúen con voluntad de entendimiento para encontrar una solución que permita compatibilizar los derechos existentes con el uso público consolidado de este espacio.